Iniciativa legislativa busca reformar normativa de vivienda
El Diputado José Luis Garza, representante de Movimiento Ciudadano, presentó una iniciativa con el objetivo de modificar la legislación que rige al Instituto de la Vivienda de Nuevo León. Esta propuesta busca dotar de mayores facultades legales a la institución para atender situaciones de emergencia derivadas de desastres naturales, siniestros o contingencias habitacionales que afectan a familias completas.
Apoyo institucional y urgencia legislativa
La iniciativa cuenta con el respaldo del Director General del Instituto de la Vivienda, Eugenio Montiel Amoroso, y de la Secretaria de Igualdad e Inclusión, Martha Patricia Herrera González. Ambas autoridades coincidieron en la necesidad de agilizar los procesos legales y administrativos para brindar asistencia inmediata a las personas afectadas por eventos como sismos, incendios o inundaciones.
«Buscamos que la ley establezca con claridad las acciones y mecanismos para apoyar de manera rápida y efectiva a quienes pierden su hogar por sismos, incendios, inundaciones u otras contingencias», expresó el diputado Garza durante la presentación de la iniciativa.
Reconstrucción y enfoque social de la vivienda
La reforma propuesta contempla que el Instituto pueda implementar programas de reconstrucción, rehabilitación y mejoramiento de viviendas dañadas. Además, se busca que la institución gestione fondos y subsidios para atender a las personas en situación de vulnerabilidad. La actualización normativa se justifica por la ocurrencia de recientes incendios e inundaciones en municipios como Guadalupe, Apodaca, Montemorelos y Salinas Victoria, donde muchas familias perdieron sus hogares.
«Cuando alguien está en riesgo de perder su vivienda o incluso su vida, no podemos pedirle que espere meses mientras se resuelven los trámites. Necesitamos que esta ley permita al Instituto intervenir de manera inmediata», afirmó la secretaria Martha Herrera.
Vivienda como derecho fundamental
Eugenio Montiel, director del Instituto, destacó que la ley vigente no ha sido modificada en más de una década y ha priorizado un enfoque económico sobre el aspecto social. «La vivienda debe ser vista como un bien social, no como un bien mercantil. Estas reformas responden a esa visión compartida con la Secretaría de Igualdad e Inclusión», puntualizó.
La iniciativa busca modernizar la normativa para garantizar una respuesta institucional más eficiente ante emergencias habitacionales, reducir desigualdades y reafirmar el derecho a una vivienda digna en Nuevo León.
