La Asociación Estadounidense de Libertades Civiles anunció una acción legal contra el Ejecutivo del presidente Donald Trump por eliminar un régimen que por años garantizaba apoyos federales en salud y asistencia social a personas migrantes con y sin documentos legales.
Modificación en política sanitaria genera controversia
Organizaciones dedicadas a la protección de derechos migratorios han presentado recursos legales contra la reciente reinterpretación de una norma de 1996 (PRWORA) por parte del Departamento de Salud y Servicios Humanos, que limita el acceso a beneficios sanitarios federales.
Según la nueva directriz, personas no ciudadanas incluyendo residentes legales permanentes, solicitantes de asilo y menores de edad quedan excluidos de programas como Medicaid (excepto emergencias), los subsidios de la Ley de Cuidado Médico Asequible y el programa de asistencia alimentaria SNAP.
Restricciones también afectan servicios educativos infantiles
Además de beneficios federales, la medida impide que migrantes sin documentos accedan a programas estatales y locales como Head Start, enfocado en menores de cinco años.
El titular de Salud, Robert F. Kennedy Jr., señaló en rueda de prensa que esta estrategia «recupera la autenticidad de los servicios sociales nacionales, fortalece el cumplimiento legal y preserva recursos esenciales» destinados a ciudadanos estadounidenses.
Críticas por impacto en menores y familias vulnerables
El funcionario afirmó que «durante mucho tiempo» se han utilizado fondos de impuestos «para fomentar la migración irregular». La política actual recalca que todos los individuos deben cumplir con criterios específicos de elegibilidad.
En una respuesta coordinada, instituciones que defienden derechos de migrantes y profesionales del sector salud presentaron una impugnación judicial en un tribunal federal de Washington, referente a la disposición publicada el día lunes.
«Excluir a los niños migrantes «es ilegal y un ataque directo» a ciertas familias que justamente son el objetivo de estos apoyos», sostuvo Ming-Qi Chu, subdirectora del Proyecto de Derechos de la Mujer de la ACLU.
La representante legal enfatizó que «es claramente incompatible con el texto legal y el objetivo del Congreso». La medida, según los demandantes, pone en peligro servicios esenciales de salud, educación temprana y asistencia social que más de 800,000 menores y familias reciben anualmente.
