Iniciativa panista contra reformas de telecomunicaciones
El partido político Acción Nacional ha lanzado una campaña ciudadana para promover un recurso constitucional colectivo dirigido contra un conjunto de modificaciones legislativas recientemente aprobadas. Estas reformas, según las autoridades del partido, permitirían al Estado monitorear actividades de los ciudadanos sin requerir autorización judicial previa.
Ámbito de vigilancia y datos sensibles
El comunicado oficial del PAN detalla que las nuevas disposiciones legislativas podrían habilitar a las autoridades para obtener información sobre ubicaciones geográficas en tiempo real, interceptar comunicaciones telefónicas y de mensajes, así como acceder a información almacenada en dispositivos móviles. También se menciona la posibilidad de obtener datos personales como nombre completo, lugar de residencia, nacionalidad, CURP y RFC.
Reacciones y fundamentos legales
«No podemos permitir que el gobierno utilice la tecnología para espiar a las y los mexicanos sin justificación y sin orden de un juez. La ciudadanía no tiene nada que temer si nada debe, pero el Estado sí tiene límites y esos límites los marca la Constitución», expresó el líder nacional del partido, Jorge Romero Herrera.
Durante una conferencia de prensa celebrada en Mexicali, Romero Herrera advirtió sobre las implicaciones de la reforma en telecomunicaciones que posibilitaría a instituciones de seguridad solicitar a empresas telefónicas la ubicación precisa de usuarios sin necesidad de mandamiento judicial.
Participación de distintas figuras políticas
El senador Ricardo Anaya Cortés destacó durante el mismo evento que la nueva normativa poblacional obligaría al uso de la CURP biométrica para trámites gubernamentales o privados, permitiendo el rastreo de actividades como compras, hospedajes y viajes. Por su parte, el diputado Elías Lixa señaló que otra de las reformas permitiría compartir información sensible con gobiernos extranjeros mediante sistemas de interconexión.
Respuesta del Ejecutivo federal
El 4 de julio, la mandataria mexicana Claudia Sheinbaum Pardo negó que exista autorización para la geolocalización sin orden judicial, indicando que el artículo 183 establecía que las empresas deben colaborar «en términos que establecen las leyes». Sin embargo, Romero Herrera contrarrestó esta afirmación señalando que la reciente modificación a la Ley de la Guardia Nacional eliminó el requisito de autorización judicial previa para realizar estas acciones.
Mecanismo legal y participación ciudadana
El PAN ha puesto a disposición de la población un modelo de demanda legal que busca proteger derechos constitucionales frente a varias leyes incluyendo la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, la Ley de la Guardia Nacional y la Ley Federal de Protección de Datos Personales, entre otras.
El recurso legal identifica como entidades responsables a la Cámara de Diputados, el Senado de la República, la Presidencia de la República y el Diario Oficial de la Federación.
Perspectiva sobre derechos ciudadanos
El dirigente panista enfatizó que la iniciativa no tiene un propósito partidista sino que busca defender un derecho fundamental de todos los ciudadanos. «No se trata sólo de un tema partidista sino de un derecho que le pertenece a toda la ciudadanía», afirmó Romero Herrera.
El partido opositor acusó a la fuerza política en el poder de intentar establecer un marco legal que facilite el control político y social, considerando esta práctica como una amenaza para el sistema democrático nacional.
«El gobierno debe servir a las personas, no vigilarlas ni intimidarlas», concluyó el líder del PAN.
