En un anuncio oficial, autoridades federales revelaron un conjunto de diez iniciativas fundamentales para ejecutar las modificaciones a la normativa general sobre desapariciones y localización de individuos. Durante un evento informativo celebrado este miércoles, se detallaron los pasos a seguir, cronogramas previstos y organismos involucrados en el proceso.
Marco institucional y cronología precisa
La responsable de la política interior, Rosa Icela Rodríguez, destacó que el mandato de la Presidenta Claudia Sheinbaum establece este asunto como uno de los principales retos del actual periodo gubernamental. Entre las medidas prioritarias figuran:
- Desarrollo del Reglamento de la Ley de Localización, con entrega obligatoria antes del 15 de octubre de 2025
- Modificación del Protocolo Estándar de Localización para incluir protocolos de seguridad durante operativos y protección para familiares
- Implementación de un sistema nacional de identificación y alertas de búsqueda
- Uso de tecnologías biométricas e imágenes satelitales en labores de localización
- Consolidación de unidades especializadas en investigación y base genética nacional
- Creación de un repositorio centralizado de expedientes judiciales
- Procesamiento de casos pendientes en identificación de cadáveres y restos óseos
- Atención psicosocial específica para hijos de personas desaparecidas
- Reunión del Consejo Nacional de Localización
- Concordancia entre normas estatales y la ley federal
Participación ciudadana y coordinación interinstitucional
El proceso de formulación contó con contribuciones de más de 450 grupos comunitarios y familias representadas mediante organizaciones civiles, las cuales aportaron 570 sugerencias para el diseño normativo y programas sociales. Los cinco pilares principales son: operación de búsqueda con seguridad, identificación forense, sistemas integrados de información, bienestar social y estrategias preventivas.
«No es suficiente contar con la ley aprobada; estamos avanzando en las observaciones recibidas, así como en la alineación de instrumentos normativos para construir una política integral en esta materia», manifestó la titular de la Segob.
La coordinación intersecretarial involucra a 17 entidades gubernamentales, entre ellas el organismo encargado del padrón poblacional, la fiscalía federal, la asesoría jurídica presidencial, la agencia de transformación digital, la comisión especializada en búsqueda, la institución dedicada a la atención a víctimas, el organismo de derechos humanos nacional, el comité internacional humanitario y la representación local del alto comisionado de la ONU para los derechos humanos.
Equipo de implementación
La presentación contó con la presencia del subdirector de Derechos Humanos, Población y Movimientos, Arturo Medina; la fiscal especializada en derechos humanos de la FGR, Sara Irene Herrerías; el director del organismo de identidad nacional, Arturo Arce; y el jefe de la unidad de defensa de derechos humanos, Froylán Enciso.
