7 de marzo del 2026
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Glovo enfrenta multa millonaria por contratación irregular de personal extranjero en España

Investigación revela irregularidades laborales en Sevilla

La autoridad gubernamental en Sevilla ha aplicado una sanción económica de 847.640 euros contra la empresa Glovo por emplear a 64 trabajadores extranjeros sin la documentación requerida para laborar legalmente en España. Esta decisión, derivada de un estudio de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, impacta directamente a las filiales GlovoApp23 SL y GlovoApp Spain Plataform SL, entidades que operan en el sector de entregas a domicilio mediante aplicaciones digitales.

Antecedentes de sanciones en Europa

Este castigo se suma a una anterior medida tomada por la Comisión Europea, que impuso una multa de 329 millones de euros tanto a Glovo como a su casa matriz Delivery Hero por actividades anticompetitivas en el mercado de delivery, incluyendo acuerdos para no reclutar personal entre ellas e intercambio de información confidencial.

Proceso sancionatorio y recursos legales

El caso en Sevilla fue gestionado por la dependencia encargada de asuntos migratorios, catalogando la situación como “muy grave”. La empresa ha presentado un recurso formal contra la determinación, manteniendo el caso en proceso de resolución. Esta acción forma parte de las iniciativas reguladoras enfocadas en supervisar el cumplimiento normativo en plataformas tecnológicas de reparto.

Detalles de las irregularidades detectadas

El examen se enfocó en las condiciones laborales de los repartidores, revelando que no contaban con afiliación a la Seguridad Social ni las cotizaciones correspondientes. Según la Ley Orgánica 4/2000, las empresas tienen la obligación de verificar que los empleados extranjeros posean autorización administrativa válida para trabajar en régimen de asalariados.

El informe identificó dos bloques de trabajadores: uno conformado por 20 personas con una multa de 210.649,43 euros, y otro grupo de 44 empleados que generó una sanción de 636.990,59 euros. El total excede los 847.000 euros e implica además la obligación de regularizar las cuotas sociales pendientes.

Implicaciones para el sector de delivery

Esta acción se enmarca en esfuerzos más amplios para combatir el trabajo informal y mejorar las condiciones laborales en un sector con alta participación de migrantes y jóvenes. La Subdelegación del Gobierno enfatizó que la relación laboral de extranjeros requiere permiso vigente de residencia y trabajo durante toda la duración de sus actividades en el país.

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