Denuncia por violencia política involucra a activista y jueza electa
El líder del colectivo civil Defensorxs, Miguel Alfonso Meza, reveló haber sido acusado de violencia política de género por parte de Silvia Delgado, magistrada electa con pasado como abogada del narcotraficante Joaquín Guzmán Loera. El organismo electoral estatal chihuahuense inició un procedimiento de 848 fojas y solicitó información personal del denunciado a múltiples instituciones.
De acuerdo con la versión del activista, mientras algunas instituciones (SAT y compañía telefónica) negaron el acceso a datos sensibles, la empresa Meta sí proporcionó detalles como número celular y correo electrónico personal, información que fue compartida con el órgano electoral y terceros.
“Entiendo que la abogada de “El Chapo” presente esta denuncia. Entiendo, incluso, que le hayan dado trámite. Lo que a mí me parece grave es que como parte de su investigación estén requiriendo información confidencial mía”, manifestó en entrevista exclusiva.
Investigación electoral sin notificación oficial
El activista destacó que no recibió notificación formal sobre el proceso sancionador, enterándose del caso a través de un abogado. Además, señaló que la magistrada electa presentó la denuncia contra él y representantes de catorce medios informativos.
Miguel Meza cuestionó la idoneidad de Silvia Delgado para un cargo judicial por supuestos contactos familiares con la organización criminal de los Guzmán Loera, aclarando que “en ningún momento he dicho que ella sea narcotraficante o algo por el estilo. Simplemente decimos que es una candidata riesgosa porque tiene vínculos con un cártel”.
El defensor civil enfatizó que sus declaraciones nunca cuestionaron las capacidades profesionales de la jueza ni hicieron alusión a su género, considerando inapropiada la calificación de violencia política de género para este caso.
Vínculos documentados entre jueza y organización criminal
El colectivo Defensorxs sostiene que identificó conexiones personales entre Silvia Delgado y la familia del exjefe del cartel de Sinaloa. Según el activista, la ahora magistrada exhibía con orgullo su relación profesional con el narcotraficante, incluso acompañándolo en audiencias judiciales en Estados Unidos.
El activista también recordó la participación de la jueza en un documental sobre abogados de organizaciones criminales, así como sus declaraciones públicas sobre el caso del exjefe del cartel: “Es una persona muy ignorante que no tiene capacidad para cometer los delitos que se le acusan, que en realidad el caso en su contra es una fabricación mediática dirigida desde Estados Unidos”.
Denuncia de persecución electoral y doble moral institucional
Miguel Alfonso Meza considera que la investigación en su contra vulnera libertades fundamentales: “Esto vulnera el periodismo, la crítica ciudadana e inhibe el ejercicio de la libertad opinativa”. Ejemplificó con el caso de Karla Estrella, quien fue obligada a disculparse públicamente ante una legisladora por señalar presunto nepotismo en redes sociales.
El presidente de Defensorxs criticó que mientras se investiga su caso con acceso a información sensible, otras situaciones como la precampaña anticipada de magistradas oficiales con más de cien pruebas presentadas no hayan generado ninguna acción sancionadora.
“Para mí la señal que esto manda es que algunos ciudadanos van a ser fiscalizados de manera abusiva, y que hay personas protegidas por el paraguas del oficialismo. Estas personas no solo no van a ser sancionadas, sino que tienen un fuero electoral que impide se revise su actuar”, concluyó el activista.
