La propuesta legislativa en la Ciudad de México busca actualizar el marco normativo relacionado con la conservación de ecosistemas. La iniciativa apunta a incorporar de manera explícita la protección de flora y fauna dentro del artículo 34 de la Ley Ambiental local, generando un enfoque preventivo frente a proyectos que puedan afectar a especies amenazadas o en peligro de extinción.
Marco legal fortalecido
Suadd Angélica Pérez Russ, subprocuradora de Asuntos Jurídicos de la PAOT, destacó la importancia de esta modificación legal.
«asegura que cualquier daño a las especies amenazadas o en peligro de extinción sea motivo suficiente para negar un proyecto»
, subrayó durante su intervención en el foro de discusión organizado por la Comisión de Preservación del Medio Ambiente.
Enfoque técnico y preventivo
El análisis se centró en reemplazar la exigencia de peritajes externos por una estrategia de prevención, argumentando que el gobierno local cuenta con personal técnico calificado y recursos especializados para realizar evaluaciones directas. Amado Ríos Valdez, representante de la SEDEMA, enfatizó la necesidad de clarificar definiciones técnicas y establecer criterios precisos para la protección de especies en áreas con planes de desarrollo.
Diálogo entre instituciones
La diputada Elvia Estrada Barba resaltó la importancia del intercambio de opiniones entre expertos y tomadores de decisiones:
«la colaboración institucional, la escucha activa a distintos actores y la retroalimentación al trabajo legislativo, es indispensable para lograr mayores consensos»
. Señaló que la propuesta requiere ajustes específicos para evitar cancelaciones injustificadas de proyectos mientras se mantiene la protección ecológica.
Motivación de la iniciativa
El diputado Andrés Sánchez Miranda, impulsor del proyecto, señaló que la legislación actual no distingue adecuadamente entre los niveles de amenaza que enfrentan las especies. Explicó que la reforma busca dotar a la SEDEMA de herramientas técnicas y administrativas para realizar evaluaciones directas, eliminando la necesidad de intervención externa en peritajes ambientales.
