La Comisión de Hacienda y Crédito Público de la Cámara de Diputados dio luz verde a una reforma de la Ley Aduanera, la cual será analizada por el Pleno este martes 7 de octubre. El dictamen fue aprobado con 31 votos a favor y 12 en contra, tras realizarse ajustes a la iniciativa original enviada por la presidenta Claudia Sheinbaum.
Entre los principales cambios destacan la ampliación del periodo de vigencia de las patentes y autorizaciones para agentes y agencias aduanales, que pasó de 10 a 20 años. Además, se autorizó una prórroga por un lapso igual, también de dos décadas.
Mayor certeza para operadores aduanales
Según explicó Carol Altamirano, legisladora de Morena y presidenta de la comisión,
“Las modificaciones son a efecto de brindar mayor certeza a los agentes y agencias, respecto de las inversiones que han realizado en infraestructura, capacitación y desarrollo para brindar sus servicios”
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Otra modificación consiste en que la certificación obligatoria para mantener la patente se llevará a cabo cada tres años, en lugar de cada dos, tal como lo planteaba inicialmente el Ejecutivo. Altamirano indicó que
“Se busca mantener los estándares de actualización y profesionalización continua que se requieren para llevar a cabo el despacho aduanero, sin que ello implique mayores cargas administrativas tanto para los agentes aduanales, agencias aduanales y para la autoridad”
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División política en torno a la reforma
Los partidos que respaldaron la propuesta fueron Morena, el Partido del Trabajo (PT) y el Partido Verde Ecologista de México (PVEM). Por otro lado, el Partido Acción Nacional (PAN), el Partido Revolucionario Institucional (PRI) y Movimiento Ciudadano (MC) votaron en contra.
Alfonso Ramírez Cuéllar, vicecoordinador de Morena, sostuvo que la reforma permitirá combatir la evasión fiscal en productos clave como el acero, los combustibles y el azúcar. Afirmó que durante el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, el llamado “huachicol fiscal” generó una pérdida de 4 mil 600 millones de dólares en impuestos no recaudados.
Resaltó que esta iniciativa refleja
“la firme decisión del Estado mexicano de cerrar el paso a la corrupción y al contrabando, y de poner fin a la impunidad en las aduanas”
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Críticas por falta de responsabilidad institucional
Legisladores de oposición argumentaron que la reforma no aborda adecuadamente las fallas estructurales del sistema, ya que centra las obligaciones en agentes y agencias, sin establecer controles rigurosos para las autoridades aduaneras. Patricia Flores Elizondo, de Movimiento Ciudadano, señaló que
“La propuesta se enfoca casi exclusivamente en imponer nuevas cargas y controles a los agentes y agencias aduanales, pero omite establecer mecanismos claros y vinculantes de control, supervisión y sanción sobre las autoridades responsables como la Agencia Nacional de Aduanas de México, el SAT y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público”
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Jericó Abramo, del PRI, coincidió al señalar que no existe un requisito legal equivalente para los funcionarios públicos que operan en aduanas, lo que genera desigualdad y riesgos para la competitividad nacional. Por su parte, Federico Döring, del PAN, acusó que el gobierno evade su corresponsabilidad, al señalar que
“El 99 % del huachicol fiscal no está en los agentes aduanales, está en la corrupción de los marinos, como los Farías Laguna en las aduanas, y eso no lo quisieron hacer, no quisieron deshacerse de la corrupción de los marinos en el sistema aduanero”
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