La Fiscalía peruana solicitó impedir que la expresidenta Dina Boluarte abandone el territorio nacional durante un periodo máximo de tres años, mientras enfrenta múltiples investigaciones por presuntos delitos de corrupción, lavado de activos y violaciones a los derechos humanos. Un juez del Segundo Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional analizará la petición en una audiencia programada para el miércoles 15 de octubre a las 9:00 hora local (14:00 GMT).
Investigaciones por corrupción y uso indebido del cargo
El fiscal general Tomás Gálvez presentó la solicitud basado en al menos tres de las once causas abiertas contra Boluarte, quien asumió la presidencia tras la destitución del entonces mandatario Pedro Castillo en 2022, cuando ella fungía como vicepresidenta. Entre los señalamientos figuran actos de negociación incompatible y aprovechamiento indebido del cargo, por los cuales se pide una medida restrictiva de 18 meses.
En uno de estos casos, se le acusa de haber influido en nombramientos dentro de EsSalud y en la autorización de pagos de beneficios sociales a un amigo del médico que le realizó cirugías estéticas. Por otra línea de investigación, relacionada con supuesto lavado de dinero, la Fiscalía solicita una restricción de salida de 36 meses.
Financiamiento encubierto y apoyo a prófugo
En esta última pesquisa, se investiga si Boluarte participó en la recolección de recursos destinados al pago de la reparación civil de Vladimir Cerrón, líder del partido Perú Libre, condenado por corrupción y prófugo de la justicia. Se le atribuye haber facilitado su evasión del sistema judicial.
«ni está asilada ni está no habida, (ella) está en su casa»
Ante rumores sobre una posible solicitud de asilo en representaciones diplomáticas de Argentina, Brasil o Ecuador, su abogado, Juan Carlos Portugal, negó categóricamente esta posibilidad. No obstante, ciudadanos protestaron cerca de la Embajada de Ecuador en Lima, temiendo un intento de refugio.
Represión y bajo respaldo popular
Boluarte también es investigada por su responsabilidad en la muerte de al menos 49 personas durante la represión de protestas sociales desatadas tras la detención de Castillo. Además, se le acusa de recibir relojes Rolex no declarados, ocultar su incapacidad física durante tratamientos médicos y falsificar firmas en decretos oficiales.
La destitución exprés ocurrió en la madrugada del viernes, con 123 votos a favor entre 130 congresistas. Fue la primera mujer en ocupar la presidencia del país, pero concluyó su gestión con apenas un 3 % de aprobación según sondeos. Su caída coincidió con la cercanía de elecciones generales convocadas para 2026 y con las aspiraciones presidenciales de figuras como Rafael López Aliaga y Keiko Fujimori.
El presidente del Congreso, José Jerí, del partido Somos Perú, asumió de manera interina la jefatura del Estado, convirtiéndose en el séptimo mandatario del país desde 2016.
