Las cifras oficiales indican que, pese a registrar niveles récord en la recaudación fiscal durante la administración de la 4T, el déficit presupuestal se ha ampliado considerablemente. Las estimaciones para el cierre de 2025 apuntan a que los ingresos tributarios alcanzarán el 14.8% del PIB, con una proyección para 2026 de 15.1%, aunque en el mediano plazo esta proporción bajaría a 14.9% a partir de 2027.
Comparación con administraciones anteriores
En contraste con el 13.0% del PIB registrado en 2018, último año del gobierno de Enrique Peña Nieto, el cociente de recaudación sobre el PIB al cierre de 2024 fue de 14.5%, lo que representa un incremento de 1.5 puntos porcentuales. Sin embargo, parte de este aumento se debe a ajustes puntuales, como el incremento del IEPS a las gasolinas en 2014 —cuando se redujo el estímulo fiscal—, fenómeno no relacionado directamente con una mejora en la fiscalización.
Tras eliminar este efecto puntual, el verdadero crecimiento atribuible a reformas estructurales en el régimen fiscal sería de 1.2 puntos del PIB. Entre las medidas que impulsaron esta dinámica destacan la eliminación de la compensación universal de impuestos federales, la penalización con prisión por delitos fiscales y la entrada en vigor de la Ley de Extinción de Dominio.
Factores que explican el aumento actual
El alza prevista para 2025, que llevaría la recaudación del 14.5% al 14.8% del PIB, se sustenta principalmente en mayores ingresos por impuestos a la importación y por el incremento en el IEPS federal a las gasolinas. Estos aumentos no reflejan una mayor eficiencia recaudatoria, sino circunstancias externas: por un lado, el anticipo de exportaciones por temor a aranceles de Estados Unidos, y por otro, la reducción de estímulos fiscales en combustibles.
Para 2026, la proyección de 15.1% del PIB implica un nuevo incremento de 0.3 puntos, basado en estimaciones de recaudación consideradas excesivamente optimistas en comparación con el crecimiento esperado del PIB.
Descontrol en el gasto y explosión de la deuda
A pesar del crecimiento en ingresos, el gasto neto presupuestal aumentó en 3.6 billones de pesos durante el sexenio, mientras que los ingresos solo subieron 2.8 billones, lo que derivó en un aumento del déficit por 800 mil millones de pesos al final del periodo.
Este desequilibrio obligó a una mayor emisión de deuda pública. Al término del sexenio, 40 centavos de cada peso de la deuda bruta total fueron contraídos durante el gobierno de López Obrador. En el caso exclusivo de la deuda bruta del Gobierno Federal, esta proporción sube a 47 centavos, lo que significa que en seis años se acumuló una deuda cercana a la contraída por todos los gobiernos anteriores juntos.
«Ah, pero siempre se dijo que la deuda pública NO iba a subir, y por supuesto, sus seguidores los siguen afirmando.»
Distorsiones en la medición de la deuda
El uso del «Saldo Histórico de los Requerimientos Financieros del Sector Público Federal» como indicador de deuda neta es cuestionado. Este concepto, que resta activos financieros como la cartera de crédito de la Banca de Desarrollo, es considerado engañoso, ya que no refleja fielmente el nivel real de endeudamiento.
Se exige transparencia en la presentación de la deuda: «deben reportar la deuda ‘BRUTA’ no la ‘NETA’ de disponibilidades en caja». Se señala que actualmente existe un saldo no gastado por alrededor de 800 mil millones de pesos en deuda contratada, lo que amerita una revisión por parte del auditor superior de la Federación, Bruno David Colmenares Páramo, para verificar si esos recursos existen realmente o si fueron ejercidos fuera de presupuesto.
Si las disponibilidades son reales, urge explicar por qué se contrae deuda por encima de las necesidades de gasto, generando costos sin beneficios tangibles.
