En el Senado de la República se concluyó la serie de mesas de análisis tituladas «Participación Ciudadana en las Políticas en Materia de Ciberseguridad», con el objetivo de integrar diversas perspectivas para fortalecer la creación de un marco normativo que proteja a la población y sus instituciones frente a amenazas digitales. El evento, enmarcado dentro del «Mes de la Ciberseguridad» celebrado en octubre, reunió a senadores, representantes de la sociedad civil, autoridades y expertos en tecnología.
Diálogo legislativo para una regulación centrada en las personas
Néstor Camarillo Medina, senador de Movimiento Ciudadano, destacó que estas mesas buscan fomentar un intercambio entre los sectores público, privado y social, con el fin de generar acuerdos que impulsen una legislación en materia de ciberseguridad. Aclaró que actualmente existen tres iniciativas en trámite en las comisiones de Seguridad Pública y de Derechos Digitales.
«Los intereses, preocupaciones y necesidades de la población deben ser la base de los marcos normativos», afirmó Camarillo, y subrayó que la inclusión ciudadana es clave para asegurar transparencia, rendición de cuentas y legitimidad en la gobernanza digital. Asimismo, indicó que un enfoque participativo fortalece la corresponsabilidad entre el Estado y la sociedad, y permite incorporar a grupos históricamente marginados.
La necesidad de estructuras permanentes y actualizadas
Yeidckol Polevnsky Gurwitz, del PT, resaltó la importancia de construir una ley general en la materia, pero advirtió que su diseño debe involucrar a especialistas y dependencias clave como aduanas, fiscalías, instituciones de seguridad y la academia. «Nosotros hacemos las leyes, pero los conocimientos los tienen los especialistas y otras dependencias», señaló.
En este sentido, propuso la creación de una mesa de trabajo permanente e institucionalizada, dada la velocidad con la que evoluciona la tecnología y la necesidad de ajustar las regulaciones de forma ágil y continua.
Enfoque humano y técnico en la regulación digital
Laura Lizette Enríquez Rodríguez, comisionada del Instituto de Transparencia y Protección de Datos Personales de la Ciudad de México, enfatizó que, al elaborar un marco normativo, es prioritario colocar a las personas en el centro del diseño, por encima de las instituciones. Consideró que estos espacios de participación fortalecen las capacidades técnicas y operativas de los organismos regulados, mejoran la gestión de incidentes y promueven acciones preventivas.
Juan Manuel Casanueva, representante de Social TIC, sostuvo que la participación multisectorial debe darse desde la etapa inicial de diseño de políticas, para garantizar que todos los actores tengan voz en su construcción. Destacó la necesidad de contar con una intervención continua de la academia, empresas y especialistas en tecnología, así como de crear mecanismos de evaluación para analizar incidentes en distintos sectores y perfeccionar las estrategias de prevención.
Regulaciones colaborativas para un entorno digital resiliente
Fabiola Peña, de la Asociación Latinoamericana de Internet, señaló que cualquier regulación en torno a Internet es más eficaz y duradera si se construye de forma colaborativa y con la inclusión de todos los sectores. «Reconocemos que, si no escuchan a la academia, sociedad civil o usuarios, esa reglamentación no será resiliente».
Por su parte, Carmen Martínez León, directora de Cumplimiento y Auditoría en Ciberseguridad de la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones, aseguró que la participación activa de todos los actores sociales es fundamental para desarrollar políticas integrales, inclusivas y transparentes. «Al incluirlos generas más confianza para que en un futuro se garantice el cumplimiento de las mismas».
