La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) emitió una advertencia contundente sobre el aumento sostenido y diverso de presiones contra el periodismo en el continente americano, destacando que el acoso judicial se ha convertido en el método predominante para silenciar a los medios.
Presión jurídica como herramienta de censura
Durante la 81 Asamblea General de la SIP, realizada en Punta Cana, República Dominicana, Martha Ramos, titular de la Comisión de Libertad de Prensa e Información, afirmó que el uso del sistema legal para atacar a periodistas representa una amenaza directa a los cimientos democráticos de la región. Como directora editorial de Organización Editorial Mexicana (OEM), subrayó que figuras como la «violencia política de género» o el «daño moral» en México están siendo manipuladas para restringir la crítica periodística, acompañadas de cierres de medios, vigilancia estatal y litigios estratégicos.
En países como Panamá, Argentina, Perú y Brasil, se ha registrado un aumento en demandas que buscan debilitar económicamente a medios independientes o detener investigaciones incómodas para el poder.
Preocupación por Estados Unidos y liderazgos autoritarios
Ramos señaló con alarma el deterioro del entorno periodístico en Estados Unidos, particularmente tras el retorno de Donald Trump a la presidencia, donde se han presentado demandas multimillonarias contra medios, amenazas de revocar licencias y presiones para imponer censura previa. «Podría convertirse en modelo para gobernantes autoritarios en la región», advirtió.
Además, denunció que la asignación opaca y discrecional de publicidad oficial continúa distorsionando el mercado informativo, utilizado como recompensa o castigo a medios según su línea editorial. Casos como el del gobierno de Costa Rica, que retuvo pagos a medios críticos durante ocho meses, o la suspensión de pauta oficial en Argentina, ejemplifican esta práctica.
Deslegitimación pública y ataques digitales
Desde Argentina hasta Canadá, pasando por Colombia, Ecuador y Costa Rica, líderes políticos han usado sus discursos para desacreditar y agredir verbalmente a periodistas. Se citaron los casos del presidente argentino Javier Milei, quien difundió frases como «no odiamos lo suficiente a los periodistas», y el programa costarricense «Dato mata mentira», que fomentan una cultura de desprecio hacia el periodismo.
La SIP también reportó un incremento en la violencia física y las amenazas contra comunicadores en Perú, Brasil, Haití, Bolivia y Honduras. Destacó el caso del alcalde de Lima, quien habría incitado al homicidio del periodista Gustavo Gorriti.
Censura digital y represión extrema
En Venezuela, Ecuador y Brasil se han identificado campañas de ataques digitales coordinados, bloqueos informativos y eliminación de contenidos en redes sociales bajo argumentos legales cuestionables. Asimismo, en Nicaragua, Cuba y Venezuela reina un control total sobre la información, provocando el cierre de redacciones, el encarcelamiento de periodistas, el exilio forzado y la supresión del discurso independiente.
En Cuba, más de una docena de leyes permiten sancionar a los periodistas simplemente por ejercer su trabajo.
Desde la SIP seguiremos denunciando, alertando y acompañando a quienes enfrentan estos riesgos. La libertad de expresión no puede darse por sentada
La 81 Asamblea de la SIP, que concluye el domingo, aborda los retos del periodismo actual, con foco en la libertad de prensa, la sostenibilidad de los medios y el impacto de la Inteligencia Artificial. La organización, con sede en Miami y conformada por más de mil 300 medios de las Américas, es una entidad sin fines de lucro dedicada a la defensa de la libertad de expresión.
