Diecinueve personas originarias de África Occidental, deportadas por Estados Unidos y trasladadas a Ghana, han perdido contacto con sus representantes legales y familiares desde su llegada al país africano el 5 de noviembre, según reveló la abogada Ana Dionne-Lanier, quien representa a uno de los afectados.
Paradero desconocido y traslados forzados
Dionne-Lanier indicó que tras su arribo, el grupo fue inicialmente alojado en un hotel, pero días después comenzaron a ser trasladados sin aviso previo. «No conocemos la ubicación de ninguno de ellos«, afirmó, al señalar que ni ella ni los familiares han podido establecer comunicación con los deportados.
Parte del grupo fue movilizado en autobús hacia una zona fronteriza no especificada entre el fin de semana y el lunes, mientras que un segundo contingente, entre ellos su cliente, fue escoltado bajo «fuerte custodia armada» desde el hotel aproximadamente el miércoles, detalló la representante legal.
Polémico programa de deportación a terceros países
Estados Unidos ha ejecutado deportaciones masivas hacia naciones africanas desde julio, como parte de un programa impulsado por la administración Trump que estableció acuerdos, en su mayoría confidenciales, con al menos cinco países del continente —entre ellos Esuatini, Ruanda y Sudán del Sur— para recibir migrantes bajo la figura de terceros países seguros.
Este mecanismo busca redirigir a personas que no pueden ser repatriadas a sus naciones de origen debido a riesgos de tortura o persecución, pero ha generado fuertes críticas de organismos de derechos humanos, quienes cuestionan si se respetan los protocolos internacionales de protección a solicitantes de asilo.
Rechazo legal y controversia constitucional en Ghana
El gobierno ghanés no ha emitido declaración oficial sobre los traslados. No obstante, la organización local Democracy Hub presentó una demanda argumentando que el acuerdo con Washington viola la constitución del país por no haber sido aprobado por el Parlamento, y que podría contravenir tratados internacionales que prohíben la devolución de personas a territorios donde enfrenten peligro.
En septiembre, el Departamento de Justicia de Estados Unidos sostuvo ante un tribunal federal que carece de autoridad para supervisar el trato que reciben los deportados en otros países, aunque aseguró que Ghana comprometió no repatriarlos a sus naciones de origen.
