La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) confirmó que siete individuos fueron sometidos a actos de tortura y otras violaciones a sus derechos fundamentales, presuntamente ejecutados por miembros de la Secretaría de Marina (Semar) en territorio veracruzano. Esta conclusión se encuentra plasmada en la recomendación 198VG/2025, emitida por el organismo defensor de los derechos humanos.
Exigencia de reparación integral
El ente nacional instó a la institución naval a realizar una reparación integral del daño causado a las víctimas, contemplando compensación económica conforme a la Ley General de Víctimas. Asimismo, solicitó la provisión de atención psicológica o psiquiátrica especializada y la asignación de un funcionario de alto rango para garantizar el cumplimiento cabal de las medidas recomendadas.
La investigación arrancó el 9 de julio de 2019, cuando la CNDH recibió una denuncia sobre un hombre recluido en el Centro Federal de Readaptación Social número 11 (Cefereso 11), en condiciones de detención sin sentencia definitiva y con riesgo de traslado a otro centro penitenciario.
Detención y denuncia inicial
Tras entrevistarse con el interno, la Comisión obtuvo su testimonio: fue detenido por efectivos de la Marina el 5 de octubre de 2011 en Veracruz y presentado ante la autoridad federal dos días después. Durante ese periodo, afirmó haber sido víctima de tortura física.
El caso se amplió el 3 de abril de 2024, tras una notificación de un Juzgado de Distrito a la CNDH, en la que se reveló que otras seis personas habían presentado denuncias similares durante un procedimiento judicial. Todos los relatos coincidían en señalar la comisión de actos de tortura.
Evidencia médica y psicológica
La CNDH destacó que en uno de los casos, las lesiones físicas evidenciadas eran compatibles con la narrativa de la víctima respecto a las agresiones padecidas. En los demás, dictámenes psicológicos especializados determinaron la presencia de síntomas asociados al Trastorno de Estrés Postraumático o a cuadros de depresión severa.
«La gravedad de los hechos exige una respuesta institucional clara, entre ellas investigaciones internas y sanciones administrativas o penales contra quienes resulten responsables».
Actualmente, la recomendación se encuentra en fase de evaluación por parte de la Secretaría de Marina.
