Las recientes movilizaciones de alcance nacional realizadas por agricultores y transportistas han sido recibidas por el gobierno federal con señalamientos de que detrás de ellas operarían intereses de índole política. Sin embargo, esta postura resulta insuficiente frente a las profundas problemáticas que aquejan al sector rural mexicano, especialmente en temas como el acceso al agua, la inseguridad vial y las condiciones de producción agrícola.
Legado histórico de la protesta social
Cuando la izquierda se encontraba en la oposición, fue defensora acérrima del derecho a la manifestación, promoviendo activamente la resistencia civil pacífica como herramienta contra lo que denominaban un «régimen autoritario y neoliberal». Durante ese periodo, el Partido de la Revolución Democrática fungió como eje articulador de múltiples movimientos sociales que congregaron a sectores afectados por políticas de corte neoliberal, como el control oligopólico del mercado y la marginación de grupos vulnerables.
Organizaciones como el Barzón, «Sin Maíz no hay País», aquellas que defendían a los deudores bancarios, o las que se oponían a la privatización del petróleo y promovían la Convención Nacional Democrática, entre otras iniciativas rurales y urbanas, contaron con el respaldo de la izquierda mexicana. Estas luchas incluyeron plantones, bloqueos carreteros, tomas de instalaciones, boicots y manifestaciones masivas.
De movilizados a funcionarios
Varios integrantes y líderes de esos movimientos forman hoy parte de MORENA y ocupan posiciones clave en el poder legislativo o en el gobierno federal, incluida la primera mandataria del país. Por ello, resulta contradictorio que ahora se desconozca la legitimidad de las nuevas protestas campesinas, que exigen soluciones urgentes para un sector rural largamente postergado: caminos seguros, acceso garantizado al agua y el fin de la extorsión y la impunidad que impera en favor del crimen organizado.
La secretaria de Gobernación y la propia presidenta de México han declarado que estas movilizaciones «no tienen razón de ser», que «no hay motivo para protestar», que quienes se manifiestan lo hacen para «mantener privilegios que ya no queremos que existan» y que «no hay justificación para cerrar las carreteras cuando existe diálogo con el Gobierno Federal».
Problemas reales, no conspiraciones
No todos los inconformes buscan preservar ventajas personales, ni en el tema del agua ni en otros. Atribuir las protestas a una conspiración contra el proyecto de la Cuarta Transformación, a «agencias extranjeras» o al PRIAN, es una narrativa repetitiva que evita enfrentar problemas estructurales no resueltos por gobiernos anteriores ni por el actual, y que en muchos casos se han agravado.
Tampoco es aceptable asumir que el Estado no generará nuevos privilegios, como ha ocurrido históricamente. Surgen interrogantes urgentes: ¿el gobierno federal está al tanto de la crisis en el campo?, ¿qué ocurre con los oligopolios del maíz y el trigo?, ¿cómo se concilia un discurso de izquierda con políticas neoliberales en el agro?, ¿hasta cuándo persistirá la inseguridad en caminos y carreteras?, ¿cuál será el impacto de la nueva Ley de Aguas en los pequeños y medianos productores?
«La reprensión penetra más en el que tiene entendimiento que cien azotes en el necio.»
Desde el poder se requiere menos asignación de culpas y más propuestas concretas. Protestar no es lo mismo que gobernar, pero tampoco puede ignorarse que gobernar implica escuchar.
