Desde el inicio de septiembre, el gobierno estadounidense ha ejecutado al menos 22 intervenciones contra embarcaciones en aguas del Caribe, justificadas como parte de una estrategia contra el narcotráfico. Estas acciones han generado una escalada de tensión con Venezuela y han derivado en la presencia militarizada en zonas cercanas a su frontera marítima. Reportes oficiales indican que estas operaciones han resultado en un mínimo de 87 muertes.
Exigencia de transparencia legal
Varias organizaciones de derechos humanos, entre ellas el Centro para los Derechos Constitucionales, la ACLU y su capítulo neoyorquino, presentaron una demanda en una corte federal del distrito sur de Nueva York. La acción legal responde a la negativa del gobierno de Donald Trump de responder a una solicitud formal para revelar los fundamentos jurídicos que amparan los ataques. El enfoque principal del litigio es obtener la divulgación de un dictamen emitido por la Oficina de Asesoría Legal del Departamento de Justicia, documento que aún permanece clasificado.
Este informe legal sería el que sustentaría la consideración de los hechos como parte de un «conflicto armado» contra cárteles de drogas no identificados públicamente. Las organizaciones argumentan que su existencia podría servir para eximir de responsabilidad penal a los responsables de los operativos, ya que, en ausencia de dicha opinión, los hechos podrían calificarse como homicidios.
Acceso limitado y crítica al secretismo
Aunque la administración de Trump no ha hecho pública la opinión jurídica, permitió que algunos miembros del Congreso la revisaran bajo condiciones de confidencialidad a mediados de noviembre. Las organizaciones demandantes enfatizan que la ciudadanía tiene derecho a estar informada sobre las justificaciones legales de operaciones militares con consecuencias letales.
«El público tiene derecho a conocer la base legal de estas acciones militares»
También denunciaron que la opacidad del gobierno evidencia una actitud que desestima la rendición de cuentas, los derechos humanos y el Estado de derecho.
