La titular del Comité de Participación Ciudadana (CPC) del Sistema Nacional Anticorrupción (SNA), Vania Pérez, dio a conocer un serio deterioro en la dinámica interna del colegiado, derivado del desinterés mostrado por parte de sus compañeros para llevar a cabo sus responsabilidades institucionales. Afirmó que la falta de compromiso ha impedido el cumplimiento de labores esenciales, como sesionar de manera regular y cumplir con los lineamientos previstos en sus estatutos.
Según el comunicado emitido por la presidencia del CPC, a lo largo del año se han tenido que reprogramar múltiples sesiones debido a que algunos miembros alegaron no contar con disponibilidad suficiente para participar. Esta situación ha afectado gravemente la operatividad del comité, encargado de promover la transparencia y rendición de cuentas a nivel nacional.
Incumplimientos que paralizan el trabajo colegiado
Se detallaron tres incidentes recientes que evidencian el colapso en el funcionamiento del órgano. El primero ocurrió durante la 11ª sesión ordinaria, realizada el 28 de noviembre de 2025, que no pudo ser clausurada formalmente porque Blanca Patricia Talavera Torres y José Rafael Martínez Puón abandonaron la reunión antes de que concluyera el orden del día. Esta acción dejó la sesión en estado abierto, lo cual viola el numeral 12º de los lineamientos de sesiones.
Posteriormente, tras la suspensión temporal por falta de quórum, se solicitó al personal de Enlace que contactara a los citados comisionados para definir fechas de reanudación. Sin embargo, no hubo respuesta alguna, a pesar de que el mensaje fue enviado el mismo día de la sesión.
Además, para la programación de la 12ª sesión ordinaria, cuya fecha límite para envío de puntos fue el 30 de noviembre de 2025, no se recibió ninguna propuesta por parte de los integrantes mencionados, ni de la Dra. Blanca Patricia ni del Dr. José Rafael, lo que evidencia una omisión reiterada en la integración de la agenda.
Quórum insuficiente y obligaciones incumplidas
El CPC debe reunirse con un quórum mínimo de tres de sus cinco integrantes, tal como lo establece la Constitución y la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción. La normativa indica que, en caso de no alcanzar el quórum por ausencia definitiva, la presidencia debe convocar a reanudación dentro de los dos días hábiles siguientes. No obstante, esta obligación se ha visto obstaculizada por la falta de respuesta de los involucrados.
La presidenta destacó que, pese a la obligación de sesionar al menos una vez al mes, ha sido imposible realizar trabajo colegiado. Subrayó que todas las iniciativas presentadas han sido promovidas únicamente por ella, sin apoyo de sus pares.
En un caso particular, cuando se propuso una sesión para emitir la convocatoria del secretario técnico, recibió como respuesta que «no tenían interés de cumplir con lo que está dispuesto con la ley».
Llamado a la responsabilidad y posible renuncia
«si sus compañeros no pueden cumplir a cabalidad, lo más responsable sería valorar una renuncia y permitir que llegue alguien que sí pueda asumir el compromiso»
Así lo expresó Vania Pérez, quien enfatizó que actuar con integridad es una responsabilidad pública. Dejó en manos de la ciudadanía la valoración de estos hechos, al considerar que el incumplimiento de deberes institucionales afecta directamente la credibilidad del Sistema Nacional Anticorrupción.
En este contexto, se recordó que los integrantes del CPC son servidores públicos sujetos a la Ley General de Responsabilidades Administrativas. Entre las faltas no graves se incluyen actos u omisiones que incumplan funciones encomendadas, falta de rendición de cuentas, desacato al código de ética y negligencia en el cumplimiento de deberes, principios que están siendo cuestionados ante la actual crisis de participación.
