Un grupo de empresarios representantes de diversos sectores productivos en Sonora ha presentado denuncias formales contra dirigentes sindicales asociadas a la Confederación Autónoma de Trabajadores y Empleados de México (CATEM), a quienes acusan de orquestar un sistema de presión económica basado en prácticas de simulación sindical y uso indebido del marco legal laboral reciente.
Acusaciones contra dirigentes sindicales
Las quejas apuntan directamente a Carolina Lara Moreno, Marisela Parra Martínez y Brenda Esquer Palma, figuras vinculadas al liderazgo de CATEM en el estado, por supuestamente promover solicitudes de constancias de representatividad utilizando firmas adulteradas y obtenidas sin autorización de los trabajadores. Según los denunciantes, estos documentos se emplean luego para exigir la firma de contratos colectivos de trabajo o para emplazar a huelga, generando un clima de coerción contra las empresas.
Carolina Lara Moreno, quien funge como secretaria general de CATEM Sonora y cuenta con trayectoria política en el PAN y Fuerza por México, habría sido pieza central en el diseño de esta estrategia, junto con sus asociadas. Parra Martínez, señalada como la voz operativa del grupo, es la que sostiene los contactos directos con los empresarios durante los episodios de presión.
Modus operandi replicado en otras entidades
Según los empresarios, esta dinámica no es un caso aislado, sino parte de un patrón ya observado en estados como Coahuila y Durango, donde acciones graduales de presión derivaron en conflictos laborales de gran envergadura.
«Sonora no es la excepción. Es el mismo libreto: emplazamientos masivos, amenazas veladas y cobros ilegales»
, afirmaron los denunciantes.
Las empresas afectadas han confirmado que los trabajadores no reconocen a estas dirigentes como sus representantes legítimos, ni han otorgado su consentimiento para formar parte de los sindicatos promovidos.
Respuesta institucional y acciones legales
Los casos ya fueron presentados ante instancias federales competentes y actualmente son evaluados por despachos jurídicos especializados en derecho laboral.
«Defender la implica impedir que se convierta en un instrumento de extorsión. Proteger la legalidad es proteger el empleo, la inversión y el Estado de derecho»
, subrayaron los empresarios en su comunicado.
Aunque las dirigentes implicadas afirman que las herramientas del nuevo modelo laboral buscan fortalecer la democracia sindical desde el 1 de mayo de 2019, los denunciantes insisten en que están siendo utilizadas con fines ajenos a su propósito original.
