La exalcaldesa del municipio de Múzquiz, Coahuila, Tania Flores Guerra, inició formalmente un proceso judicial derivado de presuntas irregularidades en la asignación de un contrato de obra pública durante su gestión. Este martes, fue trasladada desde Sabinas hasta un juzgado ubicado en Saltillo para comparecer en audiencia, tras no haber acudido a una citación anterior emitida por la fiscalía en julio.
Acusaciones y delito investigado
Las autoridades la acusan de cometer el delito de ejercicio abusivo de funciones, al presumiblemente haber otorgado un contrato público sin seguir los procedimientos legales de transparencia y licitación. El caso gira en torno a una obra cuyo monto fue señalado por la propia exfuncionaria en redes sociales como cercano a los 280 millones de pesos.
«Ejercicio abusivo de funciones» implica el uso indebido del cargo para tomar decisiones fuera del marco legal. En este caso, se investiga si la asignación directa del contrato violó las normas que rigen la contratación pública en el ámbito municipal.
Desarrollo de la audiencia y medidas cautelares
La audiencia, de carácter privado y con una duración superior a cuatro horas, concluyó con una decisión judicial. Tania Flores no será recluida mientras avanza el proceso, pero deberá cumplir con una medida cautelar: presentarse a firmar en el juzgado cada 60 días para garantizar su participación continua en el juicio.
El fiscal estatal aclaró que no se trató de un arresto, sino de una comparecencia obligatoria, derivada de su incumplimiento con una citación previa. Esta medida busca asegurar su presencia sin privarla de su libertad preventivamente.
Implicación de otros funcionarios y alcance del caso
- Su ex tesorero municipal, identificado como Víctor «N», fue vinculado a proceso por el mismo delito esta semana.
- A él se le impuso una medida más restrictiva: el uso de un grillete electrónico de localización.
- La diferencia en las medidas podría obedecer a una evaluación del juez sobre el riesgo de que el ex tesorero no se presente al juicio.
La inclusión de otro alto funcionario sugiere que la investigación se extiende al manejo financiero general de la administración municipal durante su gobierno.
Siguientes etapas del proceso legal
Concluida la audiencia inicial, comienza una fase de investigación formal. Durante esta etapa, la fiscalía tendrá la responsabilidad de recopilar pruebas, documentos y testimonios relacionados con el contrato de los 280 millones de pesos.
Si se acumulan elementos suficientes, el caso podría avanzar a una etapa de juicio oral, en la que un juez evaluará la evidencia presentada por la acusación y la defensa para determinar la responsabilidad penal.
«Si al final se determina que es culpable del delito de ejercicio abusivo de funciones, podría enfrentar una sentencia de prisión y una multa, además de quedar inhabilitada para trabajar en el gobierno en el futuro.»
Relevancia del caso en Coahuila
Este proceso representa un caso destacado de rendición de cuentas en el estado. El hecho de que se investiguen montos tan elevados y se vinculen a funcionarios clave refleja una revisión profunda de la administración pasada.
La medida de firma periódica indica que, por ahora, no se considera un riesgo de fuga, pero su obligación de presentarse regularmente subraya la necesidad de mantenerla bajo el radar del sistema judicial durante un proceso que podría extenderse por meses y estar bajo escrutinio público.
