Después de más de dos años de impases y tensiones políticas, el nombramiento de Javier Flores como Fiscal General de Justicia de Nuevo León para el periodo 2025-2031 se concretó el 18 de febrero, gracias a un acuerdo entre el Gobierno del Estado y el Congreso local. Este nombramiento puso fin a un proceso iniciado en noviembre de 2022, cuando el Pleno legislativo aprobó la convocatoria con 27 votos a favor, 10 en contra y dos abstenciones.
Sin embargo, en 2024 la Suprema Corte de Justicia de la Nación ordenó reponer el procedimiento, lo que retrasó su designación hasta principios de 2025. Flores, respaldado por las siete bancadas del Congreso, asumió el cargo con el compromiso de evaluar a los fiscales especializados en activo y de promover una estrecha coordinación entre los niveles de gobierno.
Enfoque en coordinación y estrategias contra el crimen
«Trabajaríamos con los niveles de Gobierno municipal, estatal y federal; es esencial para que pueda haber una coordinación para el combate de la delincuencia. Las estrategias que yo implementaría en este caso, que lo prevé la propia ley, es el apoyo también. Además con el SAT (Sistema de Administración Tributaria) y con la UIFE (Unidad de Inteligencia Financiera Especializada) para el efecto de seguir la ruta del dinero y poder hacer efectiva la extinción de dominio a la delincuencia, se le debe de atacar por la cuestión monetaria, en mi concepto, y tanto el Código Penal del Estado como el Código Penal Federal, según el ámbito de que se trate, hay herramientas para combatir al crimen»
Asimismo, Flores destacó el valor de la mediación en la resolución de conflictos y en la reducción de la sobrecarga de casos en la Fiscalía.
«Yo creo que la mediación es un papel importante para llevar a cabo una resolución de conflictos y bajar también las cargas excesivas que tiene la Fiscalía»
Trayectoria y respaldo institucional
Flores había asumido anteriormente el cargo cuando su entonces superior, Adrián de la Garza Santos, lo dejó para contender por la alcaldía de Monterrey por el PRI. En aquel periodo, lideró la implementación definitiva del sistema penal acusatorio en la entidad. Es el segundo titular desde que la Fiscalía obtuvo autonomía.
Su designación contó con el respaldo del gobierno estatal y de representantes del Poder Ejecutivo, como Javier Navarro, quien en ese entonces se desempeñaba como secretario general de Gobierno y hoy coordina el Gabinete de Buen Gobierno. El proceso también tuvo intervención federal: César Yáñez, subsecretario de Gobernación, actuó como mediador entre el gobernador Samuel García y el alcalde de Monterrey para alcanzar un consenso.
Reestructuración interna y participación en seguridad
El 2 de abril, Flores anunció una reorganización en la estructura de la Fiscalía, colocando a Luis Enrique Orozco al frente de la coordinación del vicefiscal del Ministerio Público. Entre otros nombramientos destacan Alejandro Carlin, bajo la coordinación del vicefiscal de Control, y Griselda Núñez Espinoza como titular de la Fiscalía Especializada en Feminicidios. De los 15 nuevos cargos asignados, cinco fueron ocupados por mujeres y 10 por hombres.
Con el avance del año, Flores se integró a las Mesas de la Construcción de la Paz, reafirmando su enfoque en la colaboración interinstitucional. Recordó que, durante su etapa como procurador, la rendición de cuentas se realizaba mediante llamado del Congreso y asambleas públicas.
Defensa de la autonomía y gestión presupuestaria
En junio, tras siete años de autonomía en la procuración de justicia en Nuevo León, el senador morenista Waldo Fernández reveló que el Senado analizaba la posibilidad de reintegrar la Fiscalía al Poder Ejecutivo estatal. Flores, en entrevista para el programa Cambios, consideró que esta medida sería un retroceso para la independencia del ministerio público.
Respecto al acceso a la justicia, destacó el uso de la denuncia virtual como herramienta eficaz para que la ciudadanía presente sus casos ante las autoridades.
«De los 500 mil servicios que llegan, muchos de ellos se quedan en los Centros de Orientación y Denuncia; buscamos la mediación, las salidas alternas, vemos si son delitos, si no están prescriptos»
En octubre, participó en la Comisión de Presupuesto para solicitar recursos para 2026: cinco mil 554 millones 897 mil 508 pesos, lo que representa un incremento del 12 por ciento respecto a 2025. Adicionalmente, solicitó una partida de 760 millones para operación y contratación de personal.
Flores subrayó que el propósito central de esta petición es reforzar el personal de la institución, con el fin de mejorar la atención a la población, fortalecer la cercanía y consolidar la confianza ciudadana.
