La Fiscalía Estatal Anticorrupción reveló que dos exfuncionarios del Instituto de Pensiones del Estado de Jalisco (IPEJAL) fueron condenados a 2 años, 4 meses y 24 días de prisión, además de una inhabilitación de 24 años para desempeñar cargos públicos, tras reconocer su responsabilidad en un caso de abuso de autoridad. Los sentenciados son Moisés Absalón «N», exadministrador de salones de eventos del organismo, y Alba Marisol «N», su antigua asistente, quienes utilizaron sus posiciones para obtener beneficios personales mediante la renta ilegal de instalaciones del instituto.
Condena por aprovechamiento indebido del cargo
En una audiencia celebrada en los juzgados de Puente Grande, el Juez Décimo Quinto de Control y Oralidad, Gustavo Jazmany Lepe Soltero, autorizó el procedimiento abreviado solicitado por la fiscalía y emitió su veredicto condenatorio. El delito por el que fueron sancionados está tipificado en el Código Penal del Estado Libre y Soberano de Jalisco, que señala como abuso de autoridad cuando un servidor público «aproveche el poder y autoridad del cargo que desempeñe para satisfacer indebidamente algún interés propio».
El juzgador ratificó no solo la pena privativa de libertad y la inhabilitación, sino también un plan de reparación del daño exigido por la Fiscalía. Como parte de la sentencia, se ordenó el reintegro de 966,198 pesos al IPEJAL, además de un donativo conjunto de 30,000 pesos a favor del área de Cancerología Infantil del Hospital Civil de Guadalajara. Asimismo, se impuso una multa de 3,848 pesos.
Operación paralela con contratos engañosos
Entre 2021 y 2023, los ahora sancionados establecieron una empresa privada con la que ofrecieron salones del IPEJAL como si fueran propiedad particular. Utilizaban su acceso institucional para bloquear fechas en los inmuebles y luego las ofrecían al público, incluyendo servicios adicionales. A los clientes se les hacía firmar dos contratos: uno formal con el IPEJAL, al que se le pagaba el monto oficial, y otro con la empresa privada de los acusados, sin que los contratantes supieran que los espacios pertenecían al organismo público.
Los exfuncionarios cobraban montos hasta el doble del precio establecido por el instituto, pero solo declaraban la parte correspondiente al tabulador oficial. La diferencia la justificaban como pago por servicios extra, quedándose con las ganancias ilícitas.
Investigación tras denuncia anónima
La Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción inició una carpeta de investigación a principios de 2023 tras recibir una denuncia anónima que alertaba sobre estas irregularidades. Tras las diligencias correspondientes, se localizaron aproximadamente 20 contratos privados con estas características. El 28 de mayo de 2025, ambos imputados fueron presentados ante el juez, quien decidió vincularlos a proceso, etapa que culminó con el fallo condenatorio.
