Habitantes de la agencia Buena Vista, del municipio de Santiago Yosondúa, en Oaxaca, denunciaron que tras 142 días de desplazamiento forzado provocado por una incursión armada de pobladores de Santa María Yolotepec, subsisten en condiciones críticas a un costado del palacio municipal, donde carecen de alimentos, abrigo y espacios dignos para dormir.
Ataques continuos y destrucción
Manuel López Rosales, agente municipal de Buena Vista, informó que el 18 de agosto un grupo proveniente de Yolopetec invadió su comunidad, generando estragos, incendiando 14 viviendas y vehículos, lo que obligó a 223 personas a huir de sus hogares. Desde entonces, los ataques no han cesado: los invasores regresan constantemente, disparan armas de fuego y han quemado otras 15 casas, elevando el total a 29 edificaciones destruidas.
Según López Rosales, el gobierno estatal encabezado por Salomón Jara Cruz no ha intervenido para detener la violencia ni proteger a la población afectada, a pesar de que los desplazados —entre ellos niños, adultos mayores y mujeres— pernoctan en una estructura techada sin condiciones mínimas de salubridad ni seguridad.
Presión política y exigencias inaceptables
El agente denunció que en las mesas de negociación instaladas, la administración estatal ha tomado partido por los invasores, quienes exigen como condición para la paz que Yosondúa ceda el 50 por ciento de sus tierras a Yolotepec. «Lo cual es inaceptable», subrayó.
Felipe Canseco, representante de la Defensoría Popular Ricardo Flores Magón, señaló que no existe un plan integral de atención para las 223 personas afectadas, lo que evidencia una ausencia total de planeación por parte del gobierno oaxaqueño cinco meses después del conflicto.
Destacó como especialmente grave que las propuestas avaladas por la administración de Jara Cruz contemplen la entrega de territorio sin que se reparen los daños ni se sancione a los responsables de los ataques.
Un fallo judicial ignorado
Canseco recordó que en 2010 un juez federal emitió un amparo a favor de Santiago Yosondúa, reconociendo la propiedad de mil 625 hectáreas en disputa. Ante ello, exigió al gobierno estatal que cumpla con dicha resolución judicial y garantice el retorno seguro de los desplazados.
«Son 61 mujeres que están viviendo y durmiendo en el suelo, 27 niñas, 32 niños, 33 adultos mayores y 58 hombres y 12 madres solteras también»
Yésica Sánchez Maya, de Consorcio para el Diálogo Parlamentario y la Equidad, urgió la intervención de instancias federales para resolver la crisis humanitaria, ya que las autoridades estatales no han actuado. Denunció que incluso se ha desconocido una medida cautelar emitida a favor de los afectados.
Reiteró que los derechos humanos de las familias desplazadas están siendo vulnerados de forma sistemática. Criticó que la ley estatal sobre desplazamiento forzado, promovida por el gobierno de Jara, no se cumple en la práctica, pese a sus objetivos declarados.
