La administración federal está obligada a supervisar que los consumidores no enfrenten incrementos en el costo de sus pólizas, luego de que se modificara la Ley de Ingresos para impedir que las aseguradoras deduzcan el IVA asociado a gastos por siniestros.
La medida fiscal generó alertas entre especialistas, quienes advirtieron que las primas podrían encarecerse hasta en un 20 por ciento debido al mayor costo operativo y a la inflación vigente. Ante esto, la Secretaría de Hacienda recibió instrucciones directas para monitorear cualquier intento de trasladar la carga fiscal a los usuarios.
Postura oficial ante el ajuste fiscal
La Presidenta Claudia Sheinbaum aseguró que, desde el inicio, se dejó claro que estos cambios no debían repercutir en los precios para los clientes. Durante su conferencia matutina, subrayó que hubo acuerdos previos con representantes del sector asegurador.
«No debe ser así, incluso se habló con ellos (representantes de aseguradoras) en el acuerdo que se tomó»
La mandataria insistió en que la intención del gobierno es proteger al ciudadano frente a ajustes que pudieran derivarse de decisiones fiscales internas de las empresas.
Reacciones del sector privado
De acuerdo con información de REFORMA, algunas aseguradoras ya comenzaron a analizar internamente el impacto financiero derivado de la reforma. En circulares internas se evalúan los efectos en sus cuentas, lo que ha generado especulaciones sobre futuras reestructuraciones en los precios de los seguros.
El gobierno mantiene la presión sobre el sector para que absorba los costos sin perjudicar al consumidor final, en medio de un contexto económico sensible.
