Tras más de cuatro años de tensiones internas, manifestaciones estudiantiles y serias acusaciones contra su administración, José Antonio Romero Tellaeche fue separado de su cargo como director general del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE). La Secretaría de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación (SECHTI) designó como sustituta interina a la investigadora Lucero Ibarra Rojas, quien ejercerá todas las funciones del puesto hasta que se nombre a un nuevo titular definitivo o se establezca otro encargado.
Un cambio tras años de crisis
El nombramiento se formalizó mediante un oficio emitido el 27 de enero de 2026, firmado por Rosaura Ruiz Gutiérrez, titular de la SECHTI. En el documento se invoca el artículo 94 de la Ley General en Materia de Humanidades, Ciencias, Tecnologías e Innovación como fundamento legal del cambio. La decisión se da en medio de un profundo descontento dentro de la comunidad académica, que por años denunció opacidad, imposiciones administrativas y un deterioro progresivo del ambiente institucional durante el mandato de Romero Tellaeche.
Diversos miembros del ámbito académico celebraron la destitución. Alma Maldonado, investigadora del Cinvestav, calificó su gestión como una “pesadilla” para la institución, a la vez que exigió que se esclarezcan posibles desvíos de recursos y conductas irregulares durante su periodo. Por su parte, Luis Ángel Carrillo Amaya, docente del CIDE, afirmó que “la institución tiene una nueva oportunidad” y reiteró que durante la administración saliente se cometieron abusos constantemente denunciados por sectores de la comunidad. Reconoció el movimiento #YoDefiendoAlCIDE y destacó que “el tiempo dio la razón” a quienes resistieron la imposición.
La nueva encargada del CIDE
Lucero Ibarra Rojas es investigadora y profesora del propio CIDE, con una extensa trayectoria en el ámbito nacional e internacional. Posee el grado de doctora en Derecho y Sociedad por la Universidad de Milán, una maestría en Sociología Jurídica por el Instituto Internacional de Sociología Jurídica de Oñati y es licenciada en Derecho por la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Ha impartido clases en el CIDE, la UMSNH y el IISJ, y forma parte del Sistema Nacional de Investigadores (SNI).
En el plano internacional, fue electa secretaria general del Comité de Investigación en Sociología Jurídica de la Asociación Internacional de Sociología (ISA) y editora de la revista Sortuz Oñati Journal of Emergent Socio-Legal Studies. Además, es integrante fundadora de la Red de Sociología Jurídica en América Latina y el Caribe, así como del Colectivo Emancipaciones de Estudios Críticos del Derecho y las Humanidades. Actualmente, participa en el proyecto “Caleidoscopio. Innovaciones políticas y jurídicas de las comunidades indígenas que ejercen autogobierno para la transformación intercultural del Estado mexicano”, avalado en la Convocatoria Ciencia de Frontera 2019. Su trabajo se enfoca en temas como sociología jurídica, propiedad intelectual, pueblos indígenas, género, feminismos y profesiones jurídicas.
Antecedentes del conflicto
La crisis en el CIDE se inició en 2021, cuando María Elena Álvarez-Buylla, entonces directora del Conacyt, nombró a Romero Tellaeche sin consulta a la comunidad académica, lo que generó rechazo inmediato. Desde entonces, se sucedieron recortes presupuestales, renuncias y despidos. Uno de los casos más visibles fue el de Catherine Andrews, exsecretaria académica, quien denunció un entorno hostil dentro de la institución. Estudiantes y docentes exigieron en múltiples ocasiones la defensa de la autonomía universitaria y la pluralidad de pensamiento.
Las protestas alcanzaron las calles con una movilización de más de mil personas que marcharon del Parque Hundido al Conacyt. Durante la movilización se corearon frases como “Romero entiende, el CIDE no te quiere”, “más ciencia, menos obediencia” y “un dictador no será mi director”. A la protesta se sumaron estudiantes de la UNAM y la Universidad Iberoamericana. También se denunció el acoso a 31 investigadores y la falta de diálogo de las autoridades federales. Académicos como Alejandro Madrazo Lajous y Jean Meyer criticaron la política científica del gobierno anterior, la eliminación de fideicomisos y lo que consideraron una persecución infundada contra científicos del CIDE.
Denuncias formales y clima institucional deteriorado
Más de 90 miembros del CIDE firmaron una carta dirigida a la secretaria Ruiz, en la que expresaron apoyo al Seminario Interdisciplinario de Mujeres, Género y Feminismos y denunciaron actos de misoginia, opacidad financiera y desigualdad en los procesos internos. El documento, difundido por la historiadora Sara Hidalgo, acusa a Romero Tellaeche de actuar con “desdén y misoginia” en una reunión con personal académico y sindical el 1 de octubre. También señalan falta de transparencia en el uso de recursos, contrataciones arbitrarias y amenazas al empleo de profesores de asignatura, lo que comprometía la continuidad de los programas educativos.
Los firmantes describieron un entorno de desigualdad y conflicto, donde la dirección favoreció a ciertas divisiones afines al entonces director y marginó a los órganos colegiados. Además, se presentaron denuncias por violencia de género y acoso laboral ante el Órgano Interno de Control. También se criticó la ausencia del secretario académico en reuniones de posgrado y la falta de una Coordinación General de Docencia.
“Romero Tellaeche terminó el convenio entre el CIDE y el entonces CONAHCYT, a pesar de las importantes aportes de los IxM al CIDE”
Así lo señaló la investigadora Sonja Wolf, quien manifestó la esperanza de que, bajo el liderazgo de Ibarra Rojas, el CIDE reabra sus puertas a los Investigadores por México.
