El diputado priista Rubén Moreira Valdez presentó un Punto de Acuerdo en la Cámara de Diputados con el fin de que se presione a la Secretaría de Educación Pública (SEP) y a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) para resolver de forma urgente los impagos de salarios, prestaciones y estímulos a docentes y trabajadores administrativos de Institutos Tecnológicos a nivel nacional.
Demandas por derechos laborales incumplidos
En su iniciativa dirigida a la Comisión Permanente, el coordinador parlamentario del PRI urgió a garantizar el pleno respeto a los derechos laborales y humanos de los empleados afectados, así como mantener la operación normal del servicio educativo sin perjudicar a los estudiantes. Destacó el caso del Instituto Tecnológico de Campeche, adscrito al Tecnológico Nacional de México, donde protestas pacíficas han sido documentadas en redes sociales por el personal docente y administrativo.
Las manifestaciones revelan que los adeudos se remontan al ejercicio fiscal 2024 y aún no han sido solventados.
«No se trata de demandas extraordinarias ni de privilegios, sino del pago de derechos ya devengados»
, afirmó el legislador, al señalar que los trabajadores laboran bajo protesta y han colocado mantas exigiendo el cumplimiento de obligaciones por parte del Estado.
Riesgo de paro y fallas en la gestión pública
Moreira alertó sobre el riesgo de una suspensión de actividades, no como acto de presión política, sino como resultado del agotamiento de los canales institucionales y de la falta de respuestas concretas por parte de las autoridades. Entre las principales exigencias del personal se encuentran: el pago inmediato de prima vacacional, estímulos por puntualidad y asistencia, incentivos por desempeño académico, promociones docentes del ciclo 2024–2025, la regularización de movimientos de personal ya autorizados pero no reflejados en nómina, y la creación de mesas de diálogo oficiales con plazos definidos y compromisos verificables.
En Campeche, al menos 133 docentes y 58 trabajadores administrativos están impactados directamente, lo que representa una proporción importante de la plantilla y pone en riesgo la estabilidad académica de cientos de alumnos.
Incumplimiento constitucional y llamado a la acción
El exgobernador de Coahuila enfatizó que el impago sistemático viola el artículo 123 de la Constitución Mexicana, que protege el derecho a una remuneración digna, suficiente y oportuna, además de contravenir instrumentos internacionales como el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales.
Subrayó que es inaceptable que quienes sostienen la educación pública enfrenten inestabilidad económica por fallas administrativas del gobierno. Criticó la falta de coordinación entre la SEP, el Tecnológico Nacional de México y la SHCP, lo que refleja una mala administración del presupuesto educativo.
Por ello, desde el Poder Legislativo, hizo un llamado urgente a esas dependencias para que regularicen todos los pagos pendientes y establezcan mecanismos estructurales que eviten futuros conflictos.
«La educación pública es una función estratégica del Estado mexicano. Defender los derechos laborales del magisterio es defender la calidad y continuidad del servicio educativo»
, concluyó.
