El 3 de marzo de 2026, la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión emitió la declaratoria de constitucionalidad de la reforma que establece una reducción gradual de la jornada laboral en el país, con miras a alcanzar las 40 horas semanales en 2030. Este paso decisivo se concretó tras la aprobación de 22 congresos locales, cumpliendo con los requisitos del artículo 135 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Reforma aprobada tras aval estatal
Entre las entidades federativas que respaldaron la modificación constitucional se encuentran Baja California, Baja California Sur, Campeche, Chiapas, Colima, Guanajuato, Hidalgo, Estado de México, Michoacán de Ocampo, Morelos, Oaxaca, Puebla, Quintana Roo, San Luis Potosí, Sinaloa, Tabasco, Tamaulipas, Tlaxcala, Veracruz de Ignacio de la Llave, Yucatán, Zacatecas y la Ciudad de México. El decreto fue turnado posteriormente al Senado de la República para los trámites constitucionales correspondientes.
“El Congreso de la Unión, en uso de sus facultades que le confiere el artículo 135 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y previa aprobación de la mayoría de la honorable Legislaturas de los estados y de la Ciudad de México, declara reformadas las fracciones 4 y 11 del Apartado del artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de reducción de la jornada laboral”, afirmó Kenia López, presidenta de la Mesa Directiva.
Cambios laborales escalonados hasta 2030
Las nuevas disposiciones entrarán en vigor de manera progresiva a partir de 2027, con una reducción anual de dos horas en la jornada laboral, culminando en 2030 con la jornada máxima de 40 horas semanales. Además, la reforma introduce garantías laborales como un día de descanso obligatorio por semana y aumenta de nueve a doce las horas extras que deberán pagarse al doble de la tarifa ordinaria.
En caso de exceder este límite, los empleadores estarán obligados a cubrir un 200 por ciento adicional sobre el salario de las horas normales. Asimismo, se prohíbe expresamente que menores de 18 años realicen trabajo extraordinario.
Controversia en torno a la implementación
La aprobación generó críticas por parte de diversos sectores, quienes cuestionaron el carácter gradual del ajuste y consideraron insuficiente la inclusión de únicamente un día de descanso obligatorio por semana. A pesar de ello, la reforma representa un cambio estructural en las condiciones laborales del país.
