Productores de peces de ornato en Morelos, líderes a nivel nacional en este sector, advirtieron que las modificaciones a la Ley de Aguas Nacionales los colocan en una situación insostenible al obligarlos a cumplir con requisitos técnicos y económicos propios de grandes industrias. Denuncian que análisis obligatorios de metales pesados, con un costo de hasta siete mil pesos cada semestre, ponen en riesgo su viabilidad operativa y sus planes de exportación.
Exigencias industriales para un sector acuícola
Teódula Pavón Valdivia, presidenta de la asociación estatal de productores, expuso ante la Comisión de Pesca de la Cámara de Diputados la necesidad de establecer reglas diferenciadas que reconozcan las particularidades de la acuicultura frente a la industria manufacturera. Subrayó que las granjas no generan contaminantes industriales y que, por el contrario, el agua que devuelven a los canales suele estar más limpia que la recibida, gracias a la acción biológica de los peces como filtros naturales.
«Nos ponen como industria y los peces no comen metales pesados; eso solo encarece los análisis»
680 granjas bajo presión regulatoria
En Morelos operan más de 680 granjas dedicadas a la cría de peces de ornato, cada una generando entre cuatro y cinco empleos directos. Sin embargo, solo 28 de ellas cuentan con títulos formales de concesión y descarga de agua, lo que genera una distorsión en el mercado: quienes operan sin regularizar su situación evaden los costos de análisis y pagos por uso del agua, ofreciendo precios más bajos y generando competencia desleal.
La Comisión Nacional del Agua (Conagua) ha impuesto multas recurrentes a los productores formales, lo que agrava su carga financiera y dificulta su permanencia en el mercado.
Peligro para la exportación y propuesta de prohibición
Además de las presiones regulatorias, los acuicultores expresaron preocupación por una iniciativa del Partido Verde Ecologista que busca prohibir la venta de animales vivos en peligro de extinción. Exigen que los peces de ornato criados en cautiverio sean excluidos de esta medida, ya que su actividad no afecta poblaciones silvestres y representa una oportunidad de desarrollo económico y comercial internacional.
Los productores solicitaron a las autoridades federales homologar criterios técnicos, revisar los parámetros de descarga de agua y eliminar las exigencias diseñadas para industrias pesadas, al considerar que su sector contribuye al saneamiento ambiental y al sustento de miles de familias morelenses.
