El Servicio de Administración Tributaria (SAT) ha intensificado la fiscalización sobre los ingresos por arrendamiento de viviendas en México, un sector donde se estima que el 80% de las propiedades no pagan impuestos. Expertos advierten que el incumplimiento puede resultar en multas superiores a 97,000 pesos, clausuras e incluso penas de prisión.
Contexto del mercado y riesgo fiscal
Según datos de la firma Morada Uno, en el país existen aproximadamente 6.5 millones de viviendas en renta. Diego Llano, director de operaciones de dicha empresa, señaló que el gobierno busca una recaudación más efectiva mediante un mayor control del sector, lo que incluye el registro obligatorio de contratos y topes a los incrementos. Rebeca Godínez, fundadora de RGS Asociados, explicó que, contrario a la creencia popular, la carga fiscal bien estructurada puede representar un dígito porcentual de los ingresos, no un tercio.
Opciones y obligaciones para arrendadores
Los propietarios deben elegir entre dos regímenes fiscales: el Régimen de Arrendamiento General, que permite deducciones y cuya tasa efectiva no superaría el 10% de los ingresos, y el Régimen Simplificado de Confianza (RESICO), con tasas de ISR de entre 1% y 2.5%. Este último no aplica para residentes en el extranjero, socios de empresas, personas con ingresos anuales superiores a 3.5 millones de pesos o arrendadores en plataformas digitales.
Nuevas herramientas de fiscalización y recomendaciones
Godínez destacó que el SAT ahora incorpora inteligencia artificial en sus revisiones, ampliando el alcance de la vigilancia. Además, advirtió que, aunque no es común, un juez puede notificar al SAT si detecta irregularidades durante un proceso de desalojo. Los especialistas sugieren cinco acciones clave para los propietarios: formalizar y registrar contratos, alinear los aumentos de renta a la inflación, cumplir con la emisión de CFDI y declaración de ingresos, evaluar anualmente el régimen fiscal y buscar asesoría especializada. «El arrendamiento dejó de ser un ingreso pasivo. Hoy es una actividad que requiere estrategia, control y disciplina fiscal», concluyó Llano.
