La Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno (SABG) abrió una investigación formal en contra de Jenaro Villamil Rodríguez, quien encabeza el Sistema Público de Radiodifusión del Estado Mexicano (SPR), por presuntas irregularidades en el manejo de recursos públicos y fallas administrativas.
Detalles de la Auditoría
La titular de la SABG, Raquel Buenrostro Sánchez, confirmó que el proceso administrativo busca aclarar el uso del presupuesto del SPR durante el ejercicio fiscal de 2025 y lo que va de 2026. La dependencia federal centrará su revisión en la posible omisión de protocolos para verificar información y en la asignación de contratos directos para operar herramientas digitales dentro del sistema de medios públicos.
La auditoría fue activada luego de que se detectaran inconsistencias en la gestión de la plataforma digital Infodemia y por la difusión de información imprecisa sobre eventos relacionados con la seguridad nacional.
Antecedentes del Caso
Este procedimiento legal se produce semanas después de que, en marzo de 2026, la plataforma Infodemia se disculpara públicamente por haber calificado como falsa una noticia sobre un incidente de seguridad en Palacio Nacional en la Ciudad de México. El error fue señalado cuando la presidenta Claudia Sheinbaum confirmó la veracidad de los hechos en una conferencia de prensa, lo que generó dudas sobre la objetividad y el rigor editorial de la unidad a cargo de Villamil Rodríguez.
“La transparencia en los medios públicos es un pilar fundamental para esta Administración y no se tolerarán fallas en la veracidad de la información entregada a la ciudadanía”, declaró Buenrostro Sánchez.
Por su parte, la presidenta de la República manifestó el 15 de abril de 2026 que su Gobierno mantiene un compromiso absoluto con la rendición de cuentas y que el titular del SPR deberá presentar las pruebas necesarias para solventar las observaciones de la auditoría.
Revisión y Plazos
Villamil Rodríguez, quien ha estado al frente del SPR desde el periodo gubernamental anterior y fue ratificado por la actual mandataria, enfrenta una revisión específica de los informes de desempeño de la plataforma Infodemia. Dicha plataforma ha sido criticada por organizaciones civiles por falta de neutralidad al verificar datos sobre la gestión pública federal y la seguridad en varias entidades del país.
El organismo fiscalizador otorgó un plazo de 30 días naturales para que el funcionario entregue la documentación requerida. De confirmarse las irregularidades, la normativa contempla sanciones que van desde la amonestación privada hasta la inhabilitación para ejercer cargos públicos. La resolución final de este expediente será integrada al programa anual de auditoría del Gobierno Federal para asegurar el cumplimiento de la Ley General de Responsabilidades Administrativas.
