Expertos en derecho constitucional señalaron que la licencia temporal solicitada por Rubén Rocha Moya, gobernador morenista de Sinaloa, podría mantenerlo protegido de ser procesado por las acusaciones de narcotráfico que enfrenta en Estados Unidos, en lugar de una renuncia definitiva.
Posibilidad de regreso al cargo
El constitucionalista Diego Valadés explicó que una persona que pide licencia temporal puede retornar a su función si no es procesada o resulta absuelta.
«La separación del cargo da lugar a que se pueda proceder contra una persona. Más aún, si esa separación es temporal, como lo es la ‘licencia’, pues el presunto inculpado puede regresar a su cargo en el caso de no ser procesado o de resultar absuelto»
Por su parte, el diputado panista Roberto Gil Zuarth destacó que, ante la gravedad de los delitos de narcotráfico que se le imputan en EU, procedía de inmediato la detención del morenista.
«Nadie tiene fuero frente a una jurisdicción de otro país. Rocha puede ser extraditado bajo el procedimiento de la ley. No necesitan licencia, desafuero ni juicio político, el derecho que aplica es el derecho internacional»
Debate sobre el fuero e inmunidad
Arturo Zaldívar, coordinador de Política y Gobierno de la Presidencia y cercano a la presidenta Claudia Sheinbaum, aseguró que con la solicitud de licencia, Rocha Moya perdió el fuero.
«El ‘fuero’ protege a la función no a la persona. Quien obtiene una licencia ya no ejerce la función, por tanto, puede ser detenida como cualquier persona, pues ya no goza de la inmunidad procesal»
El constitucionalista Jaime Cárdenas sugirió que, para mayor claridad, debería procederse al juicio de desafuero de Rocha Moya para continuar su proceso judicial, aunque expresó sus dudas de que esto ocurra.
«Yo pienso que ante un asunto como este, pues, para evitar cualquier duda, debería haber un desafuero, pero no creo que eso se vaya a producir»
Finalmente, el diputado del PAN Germán Martínez Cáceres advirtió que la solicitud de licencia podría ser una estrategia para evitar un juicio en Estados Unidos, argumentando el principio internacional de no ser juzgado dos veces por el mismo delito.
