La mitad de las empresas afiliadas a la Confederación Patronal de la República Mexicana ha sido víctima de algún delito, según reveló el presidente nacional del organismo, quien destacó el crecimiento de la extorsión como un problema crítico que afecta principalmente a las pequeñas y medianas empresas.
Extorsión se posiciona como delito principal
Durante la presentación de indicadores de seguridad empresarial, Juan José Sierra Álvarez, líder de Coparmex, señaló que el robo de mercancías es el delito más reportado, seguido ahora por la extorsión, la cual ha escalado al segundo lugar, superando al robo al transporte y a los delitos cibernéticos.
«Segundo lugar, ya subió de tercer lugar a segundo lugar la extorsión, que lleva implícito el cobro de piso de la delincuencia organizada», afirmó Sierra Álvarez.
Impacto económico y modalidades delictivas
El dirigente empresarial advirtió que la extorsión se ha convertido en uno de los delitos más preocupantes por su impacto económico. Según datos de Coparmex y estimaciones del INEGI, este delito representa un impacto equivalente al 0.04 por ciento del Producto Interno Bruto nacional, es decir, alrededor de 15 mil millones de pesos anuales.
«Es el delito que mata a la pequeña y mediana empresa (pyme) y es el delito que tiene de rodillas a miles de empresarios en el país», expresó.
Además, Sierra Álvarez alertó sobre el crecimiento de las llamadas telefónicas como principal modalidad delictiva, donde el 68.8 por ciento de las extorsiones registradas contra empresarios se realizan por esta vía.
Costos adicionales y llamado a la acción
El presidente nacional de Coparmex indicó que las empresas actualmente destinan hasta un 20 por ciento más de recursos a temas relacionados con seguridad, recursos que podrían invertirse en crecimiento, contratación de personal o mejora de condiciones laborales.
Reconoció avances con la creación de la Ley General contra la Extorsión, pero urgió a los estados, incluido Guanajuato, a armonizar la legislación local y crear unidades especializadas de investigación en las fiscalías estatales. «Creemos que esta creación de unidades antiextorsión será fundamental», sostuvo.
Finalmente, señaló que algunos empresarios también denuncian presuntos abusos y actos de corrupción cometidos por autoridades, mencionando quejas sobre casos en los que la autoridad, «en aras de hacer cumplir la ley, se convierte en un extorsionador».
