La Fiscalía General de la República (FGR) está preparando una nueva solicitud de órdenes de aprehensión contra agentes aduanales, empresarios y otras personas vinculadas a una red de contrabando de combustible que operaba en los puertos de Tampico y Altamira, Tamaulipas. La investigación federal señala que buques y pipas ingresaron hidrocarburos al país declarándolos falsamente como aditivos para aceites o lubricantes, evadiendo así impuestos y controles regulatorios.
Personajes clave en la investigación
Entre los investigados se encuentra Benito Abad Pérez Escalante, exregidor del Ayuntamiento de Tampico entre 2018 y 2021, quien es señalado por presuntamente manipular pedimentos para 31 buques que llegaron a Tampico con millones de litros de combustible declarados como aditivos. Otros agentes aduanales mencionados son Nazario Rodríguez López, Estuardo Ciro del Ángel Valdés y Hantulio Ordóñez Juárez, este último vinculado con el cruce de 499 pipas con combustible por Matamoros declaradas como aceites minerales.
Empresas y operación coordinada
La red involucraba a empresas con domicilio en Monterrey, Nuevo León, como Intanza, Azteca Cone, B-Match y Sensive Solutions. La investigación también señala a agentes aduanales en puertos de Guaymas, Ensenada y Nogales, lo que sugiere una operación coordinada en distintas aduanas del país.
Caso documentado y evasión fiscal
Un caso emblemático es el del buque Challenge Procyon, que transportó desde Houston, Texas, una carga declarada como “aditivos para aceites lubricantes”, pero que, tras análisis, fue identificada como aceite diésel. La Agencia Nacional de Aduanas de México también detectó una presunta subvaluación: el cargamento fue declarado con un valor de unos 53 millones de pesos, pero su valor comercial real se estima en cerca de 228 millones.
El Servicio de Administración Tributaria (SAT) calculó que, por cada litro introducido ilegalmente, se omitió el pago de aproximadamente 11 pesos en impuestos. Solo por el embarque del buque Challenge Procyon en marzo de 2025, la evasión fiscal estimada ronda los 220 millones de pesos.
Proceso judicial y ampliación de la investigación
La FGR ya había solicitado 14 órdenes de aprehensión previamente, pero un juez federal las devolvió el 29 de marzo por deficiencias técnicas. Las autoridades han subsanado los errores y prevén presentar nuevamente la solicitud. La investigación forma parte de un caso más amplio sobre “huachicol fiscal”, que busca desarticular redes que introducen combustible usando documentación falsa para evadir impuestos.
Además de los agentes aduanales, el expediente menciona a otras figuras como Roberto Blanco Cantú, alias “El Señor de los Buques”, y a Osvel Tudón Rojas, señalado como intermediario en presuntos sobornos. Hasta el momento, las nuevas órdenes de aprehensión no han sido autorizadas por un juez federal, quien decidirá si el caso avanza o enfrenta nuevos obstáculos procesales.
