De acuerdo con información publicada por el diario The New York Times, el gobierno del presidente Donald Trump instruyó a fiscales federales de Estados Unidos a emplear leyes antiterroristas para investigar y acusar a servidores públicos mexicanos presuntamente relacionados con el narcotráfico. La revelación, basada en la declaración de un funcionario estadounidense anónimo, se dio a conocer este 16 de mayo de 2026 y marca una nueva fase en la estrategia de seguridad de la administración Trump, con posibles repercusiones en la relación bilateral con México.
Directiva interna del Departamento de Justicia
El reporte indica que la directriz fue anunciada durante una teleconferencia interna encabezada el miércoles por Aakash Singh, subprocurador general adjunto del Departamento de Justicia. Singh pidió a los fiscales «triplicar» las acusaciones contra funcionarios gubernamentales mexicanos señalados de encubrir a organizaciones criminales. Según se cita, el funcionario declaró: «Deberíamos triplicar el número de acusaciones contra funcionarios gubernamentales corruptos en México que utilizan su poder y sus cargos para encubrir a terroristas y monstruos que trafican con la miseria y el veneno».
Además, Singh habría instruido el uso de figuras legales relacionadas con terrorismo, complementando los delitos tradicionales de narcotráfico. Respecto a la posible reacción del gobierno mexicano, el diario estadounidense recoge otra declaración atribuida a Singh: «Si esto resulta desagradable para los funcionarios del gobierno mexicano y les ofende que estemos haciendo esto, no puedo pensar en nada que me importe menos».
Marco legal y antecedentes
Esta estrategia se vincula con una orden ejecutiva firmada por Trump tras su regreso a la presidencia, mediante la cual designó a varios cárteles latinoamericanos como organizaciones terroristas. Esta designación permite a las agencias estadounidenses utilizar herramientas legales más amplias, similares a las empleadas contra grupos extremistas internacionales. En términos prácticos, las leyes antiterroristas facilitan presentar cargos más severos, incrementar sanciones penales, ampliar las capacidades de investigación financiera y acusar a personas por «apoyo material» a grupos considerados terroristas.
La nueva directiva surge apenas dos semanas después de que fiscales federales en Nueva York presentaran acusaciones contra el gobernador de Sinaloa y otros nueve funcionarios mexicanos, algunos en activo y otros retirados. Hasta el momento, las autoridades estadounidenses no han hecho pública una lista completa de las acusaciones mencionadas en la reunión interna.
Impacto en las relaciones bilaterales
La posibilidad de que fiscales estadounidenses procesen a funcionarios mexicanos bajo leyes antiterroristas podría convertirse en un nuevo punto de fricción diplomática. Analistas consideran que el uso de estos cargos podría interpretarse desde México como una presión política y judicial directa desde Washington. Este caso ocurre en medio de una relación compleja entre ambos países en temas como seguridad, tráfico de fentanilo, migración y combate al crimen organizado. Hasta la difusión de esta información, el gobierno mexicano no había emitido una postura oficial amplia al respecto.
