El gobierno federal enviará al Congreso una iniciativa para modificar la ley electoral, con el fin de que los partidos políticos puedan consultar información de seguridad e inteligencia sobre posibles candidatos antes de definirlos, anunció este jueves la consejera jurídica de la Presidencia, Luisa María Alcalde, durante la conferencia matutina presidencial.
Mecanismos para la elección de 2027
La funcionaria explicó que la reforma a la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales busca establecer herramientas para que las fuerzas políticas revisen los perfiles de quienes aspiran a un cargo público y eviten posibles lazos con el crimen organizado. El objetivo, dijo Alcalde, es «establecer mecanismos eficaces para que los partidos políticos puedan tomar decisiones respecto a las candidaturas que propondrán ya a partir de la elección de 2027». La propuesta será enviada primero a la Comisión Permanente del Congreso para su trámite legislativo.
Creación de un órgano verificador
Como parte central de la propuesta, se plantea la creación de la Comisión de Verificación de Integridad de Candidaturas. Este organismo sería independiente del Instituto Nacional Electoral y estaría integrado por cinco consejeros electorales elegidos por el Consejo General para periodos de tres años. La Consejería Jurídica señaló que este órgano serviría como enlace entre los partidos que decidan participar voluntariamente y diversas autoridades federales de seguridad e inteligencia.
Procedimiento de consulta y confidencialidad
Las instituciones contempladas para las consultas son el Centro Nacional de Inteligencia, la Fiscalía General de la República, la Unidad de Inteligencia Financiera y la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. Los partidos podrían entregar de manera voluntaria a la comisión los nombres de las personas interesadas en competir. Las dependencias federales revisarían luego si existe información que permita identificar un «riesgo razonable» relacionado con presuntos vínculos delictivos.
Las autoridades no compartirían detalles de investigaciones o expedientes específicos, sino únicamente alertas sobre posibles riesgos detectados. La comisión comunicaría a los partidos si existe alguna observación sobre los perfiles consultados y señalaría qué instituciones emitieron la alerta. Con esa información, cada fuerza política decidiría si mantiene o rechaza la postulación del aspirante.
La iniciativa también establece que los ciudadanos interesados en una candidatura deberán aceptar obligatoriamente ser evaluados por este nuevo mecanismo, incluso si su partido decide no solicitar formalmente la revisión. Todo el procedimiento se desarrollaría bajo criterios de confidencialidad y reserva para evitar afectaciones al debido proceso y proteger las investigaciones abiertas por las autoridades federales.
