El Departamento de Estado de Estados Unidos confirmó la revocación de la visa del senador mexicano Adán Augusto López Hernández, exsecretario de Gobernación, como parte de una investigación por sus presuntos vínculos con el crimen organizado y el contrabando de combustible.
De acuerdo con información periodística, el gobierno mexicano ya conocía este expediente, que podría afectar a personas cercanas al expresidente Andrés Manuel López Obrador.
Investigación sobre el contrabando de combustible
La relevancia del caso del senador de Morena aumentó en la agenda bilateral en los últimos meses de la administración actual. Según reportes, el gobierno federal mexicano tuvo conocimiento del alcance de las investigaciones en septiembre de 2026, luego de una reunión de alto nivel en la Ciudad de México.
«Tras el encuentro del secretario de Estado, Marco Rubio, con la Presidenta Claudia Sheinbaum en Palacio Nacional, le entregaron al secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, fichas de López Hernández sobre su involucramiento en el contrabando de combustible desde el sur del país», detalla la columna.
La información señala que la presidenta Sheinbaum, al conocer estos reportes, instó a López Hernández a aceptar una embajada en el extranjero, oferta que el político rechazó.
Vinculaciones con grupos criminales
Las agencias de inteligencia estadounidenses también examinan decisiones operativas tomadas durante el periodo de López Hernández como gobernador de Tabasco. En particular, está bajo escrutinio el nombramiento de Hernán Bermúdez Requena en la seguridad estatal, quien es señalado por haber fundado presuntamente la organización criminal «La Barredora», considerada el brazo armado del Cártel Nueva Generación.
Se indica que esta estructura delictiva se expandió hasta la frontera con Guatemala, supuestamente con el respaldo del entonces gobernador de Chiapas, Rutilio Escandón, actual cónsul en Miami y quien también es objeto de una investigación por parte de Washington.
Acciones contra más funcionarios
Las medidas de presión de Estados Unidos no se limitan al legislador tabasqueño. Las autoridades norteamericanas informaron al gobierno mexicano que también han sido revocadas las visas de los gobernadores en funciones Alfonso Durazo (Sonora), Américo Villarreal (Tamaulipas) y Marina del Pilar Ávila (Baja California).
«La realidad, de acuerdo con la reciente información entregada al gobierno mexicano, es que junto a la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila, ya son tres los mandatarios en activo contra quienes Estados Unidos está actuando», afirma Riva Palacio.
El reporte advierte que las represalias financieras ya están en curso. Según los informes compartidos con la administración mexicana, la estrategia legal estadounidense ha provocado que «algunas cuentas de ellos en Estados Unidos ya hayan sido congeladas, y que varias de sus propiedades, estén en proceso de ser embargadas».
