México enfrenta una crisis de desapariciones forzadas calificada como generalizada y sistemática por el Comité contra las Desapariciones Forzadas de la ONU, que remitió el caso a la Asamblea General del organismo internacional para solicitar medidas extraordinarias.
Respuesta estatal y cifras cuestionadas
Ante esta inminente determinación, el gobierno federal presentó una revisión del Registro Nacional de Personas Desaparecidas que buscaba reducir la cifra oficial de más de 133 mil registros. La metodología fue poco clara y no explicó cómo subsanar las deficiencias advertidas, incluyendo más de 46 mil registros mal integrados y apenas 3,869 carpetas de investigación activas.
El Comité encontró indicios fundados de que las desapariciones forzadas se cometen de manera generalizada en el país y advirtió la falta de una política efectiva para prevenirlas, investigarlas y erradicarlas.
Coincidencias internacionales y riesgos para buscadoras
Posteriormente, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos publicó un informe que ratifica una crisis grave y persistente de desapariciones en un contexto de impunidad estructural. Ambos organismos coinciden en que la connivencia de redes criminales con elementos del Estado debe analizarse con detenimiento, pues puede constituir desaparición forzada.
Los organismos también concuerdan en que las personas buscadoras, principalmente mujeres, madres, hijas y hermanas, enfrentan riesgos múltiples e incluso letales debido a la inacción y negligencia del Estado.
El 10 de mayo pasado, durante la decimocuarta «Marcha por la Dignidad» en la Ciudad de México, madres de diversos estados corearon «¿Por qué los buscamos? ¡Porque los amamos!» resignificando la fecha materna en un contexto de ausencia y demanda de justicia.
Un llamado a la acción y la esperanza
Desde organizaciones como el Centro Prodh, se considera que este escenario de dolor es también una oportunidad para encauzar la indignación hacia iniciativas que cambien las acciones del Estado. Se destaca la campaña «Hagamos que Suceda», impulsada por colectivos alrededor del Mundial de futbol para visibilizar la crisis.
El acompañamiento a las familias buscadoras, tanto en la interlocución técnica con el Estado como en sus movilizaciones, se ve como un paso necesario. Escuchar a las madres que buscan y actuar en consecuencia se presenta como clave para la construcción de un país distinto que alcance la justicia.
