El colectivo periodístico de Tijuana colocó un espectacular público el lunes 22 de junio para denunciar la falta de avances en el caso del asesinato del editor Francisco Javier Ortiz Franco, ocurrido hace 22 años. La acción, financiada con aportaciones de colegas y civiles, acusa directamente de incompetencia a la Fiscalía General de la República y a la Fiscalía General de Baja California.
Un reclamo público y simbólico
El cartel, instalado en el bulevar Cuauhtémoc Norte de la colonia Libertad, muestra una fotografía del periodista y leyendas contundentes que recuerdan su nombre y los años transcurridos sin justicia. Durante el acto de instalación, realizado alrededor de las 19:00 horas, se reunieron familiares, amigos y compañeros del fallecido editor del Semanario ZETA.
En el evento se leyó un posicionamiento dirigido a las fiscales Ernestina Godoy Campos y María Elena Andrade Ramírez, así como a las titulares de las comisiones de derechos humanos. El texto señala: “Hace exactamente 22 años, el periodista y editor del Semanario ZETA, Francisco Javier Ortiz Franco, fue ejecutado por un comando armado mientras se encontraba acompañado de sus dos hijos menores de edad; el crimen ocurrió a escasas dos cuadras de la entonces Procuraduría General de Justicia de la Zona Río de Tijuana”.
Un expediente paralizado y líneas de investigación
Sonia de Anda, del Colectivo Yo Sí Soy Periodista, expresó la desorientación sobre el estado del caso: “Ya no sabemos dónde está, unos nos dicen que todavía lo tiene la Fiscalía, otros dicen que lo remitieron a la Fiscalía General del Estado”. El crimen ocurrió el 22 de junio de 2004, cuando Ortiz Franco recibió cuatro disparos mientras se encontraba dentro de su automóvil con sus hijos.
Las investigaciones iniciales vincularon el ataque con el Cártel de los Arellano Félix, señalando a lugartenientes como Manuel Arturo Villarreal, alias “El Nalgón”, y José Briceño, alias “El Cholo”. Se cree que la motivación fue un reportaje publicado por Ortiz Franco que exhibió a integrantes del cártel que trabajaban como policías ministeriales. Otra línea de investigación involucró a Los Zetas y una tercera apuntó hacia el entonces candidato priista a la alcaldía de Tijuana, Jorge Hank Rhon.
Responsables procesados en el extranjero, impunes en México
Los presuntos autores intelectuales, Francisco Javier Arellano Félix “El Tigrillo” y Manuel Arturo Villarreal Heredia, fueron detenidos y sentenciados en Estados Unidos por delitos como lavado de dinero y narcotráfico. Sin embargo, ninguno enfrenta cargos en México por el homicidio del periodista.
El expediente penal, que originalmente responsabilizó al Cártel de Tijuana, fue atraído posteriormente por la Fiscalía Especializada de Atención a Delitos contra Periodistas de la PGR, la cual prometió resolverlo sin éxito. El gremio periodístico afirma que el caso lleva años sin una sola diligencia ministerial nueva y se encuentra en total abandono. El posicionamiento leído fue categórico al afirmar que “la dilación de la justicia también es una forma de complicidad”.
