El Ministerio del Interior de España ha aprobado un nuevo protocolo que permite a las personas trans migrantes modificar la mención de sexo en sus documentos de identidad, sin importar su situación administrativa o nacionalidad. La medida, publicada este lunes, elimina el requisito de tener la nacionalidad española para acceder a este derecho, lo que beneficia a solicitantes de asilo, refugiados y migrantes en situación irregular.
Alcance de la nueva disposición
El protocolo, impulsado por la Secretaría de Estado de Migraciones, establece que cualquier persona extranjera que se encuentre en territorio español podrá solicitar el cambio registral de sexo en sus documentos oficiales, siempre que acredite su identidad de género autopercibida. La medida se fundamenta en la Ley 4/2023, conocida como ley trans, que ya permitía este trámite a ciudadanos españoles, pero que ahora se extiende a la población migrante independientemente de su estatus legal.
Según fuentes del Ministerio del Interior, el protocolo busca garantizar el derecho a la identidad de género de todas las personas en España, en línea con los estándares internacionales de derechos humanos. La instrucción detalla que los solicitantes deberán presentar una declaración expresa de su voluntad de rectificar la mención registral del sexo, acompañada de la documentación que acredite su identidad.
Requisitos y procedimiento
Para acceder al cambio registral, las personas migrantes deberán manifestar su solicitud ante la Oficina de Asilo y Refugio o ante la comisaría de policía correspondiente. El protocolo establece que no se exigirá ningún tipo de informe médico o psicológico, en línea con el espíritu de la ley trans que despatologiza la identidad de género.
La instrucción también contempla que, en caso de que la persona se encuentre en un Centro de Internamiento de Extranjeros (CIE), se habilitarán los mecanismos necesarios para que pueda realizar el trámite. Organizaciones defensoras de derechos LGTBIQ+ han celebrado la medida como un avance significativo para la protección de las personas trans en situación de vulnerabilidad.
Sin embargo, algunas voces críticas han señalado que la implementación práctica del protocolo podría enfrentar obstáculos burocráticos y que no todas las oficinas de extranjería cuentan con la capacitación suficiente para atender estos casos de manera sensible y eficaz.
