La Fiscalía General del Estado de Veracruz ejecutó 11 órdenes de aprehensión contra policías y expolicías señalados por su presunta participación en la desaparición forzada de cuatro personas. Los hechos ocurrieron durante el operativo Blindaje Coatzacoalcos, implementado el 25 de septiembre de 2015, en plena administración del exgobernador Javier Duarte de Ochoa.
Las capturas fueron el resultado de labores de investigación y trabajo de campo de la Policía Ministerial, en cumplimiento de mandamientos judiciales emitidos por un juez del distrito de Coatzacoalcos. Los detenidos fueron identificados como Adiel “N”, Guillermo “N”, Pablo “N”, Lorenza “N”, Juan “N”, Francisco “N”, Cristian Iván “N”, Rosendo “N”, Froylán “N”, Isaí “N” y María Guadalupe “N”.
Investigación en curso y perfil de los detenidos
La Fiscalía no dio a conocer los pormenores de los casos que se investigan ni las circunstancias exactas de la desaparición de las cuatro víctimas. Medios locales reportaron que algunos de los detenidos seguían en activo dentro de corporaciones policiales y fueron capturados mientras se encontraban en servicio o al presentarse en sus centros de trabajo. Sin embargo, la dependencia no precisó cuántos de los imputados continuaban desempeñando funciones al momento de las detenciones.
Contexto del operativo Blindaje Coatzacoalcos
El operativo Blindaje Coatzacoalcos fue presentado en su momento como una estrategia para reforzar la seguridad en la región sur de Veracruz. No obstante, colectivos de familiares de personas desaparecidas lo han vinculado con diversos casos de desaparición forzada. En este proceso, la Fiscalía investiga específicamente la desaparición de cuatro personas ocurrida durante ese despliegue.
La Fiscalía indicó que las personas detenidas serán puestas a disposición del juez de Control competente, quien determinará su situación jurídica. Asimismo, reiteró que todas las actuaciones se realizan “en estricto apego al debido proceso, con pleno respeto a los derechos humanos y a la presunción de inocencia”, hasta que exista una resolución judicial firme.
