A poco más de un año de la primera elección judicial federal en México, una serie de resoluciones controvertidas y los antecedentes de algunos juzgadores han vuelto a poner en duda la independencia del Poder Judicial. Casos como la suspensión provisional otorgada al gobernador de Nuevo León, Samuel García, y la liberación de un presunto operador de robo de hidrocarburos conocido como “El Titán” han reactivado el escrutinio público. Expertos de la UNAM advierten que la permanencia de los jueces en las regiones donde fueron electos los expone a presiones políticas y criminales, lo que podría derivar en un sistema de justicia más lento y politizado.
La elección, celebrada el 1 de junio de 2025, renovó parte de los cargos del Poder Judicial de la Federación tras la reforma constitucional de septiembre de 2024. Con una participación electoral de entre el 12.57% y el 13.32% de la lista nominal, según el INE, el nuevo modelo buscaba combatir la corrupción y el nepotismo, pero especialistas señalan que esos problemas persisten o han mutado.
Casos que ponen en jaque al nuevo sistema
En Nuevo León, la jueza federal Tania Virginia Neri Borjas otorgó una suspensión provisional a favor del gobernador Samuel García dentro de un amparo contra un juicio político que se tramita en el Congreso local. Según un reporte de Agencia Reforma, la juzgadora habría sido impulsada mediante listas o “acordeones” vinculados con el mandatario durante la elección de 2025. Legisladores han solicitado investigar un posible conflicto de interés, aunque esto no constituye una resolución que acredite parcialidad.
Por otro lado, la jueza María de los Ángeles Padrón Banda decretó la no vinculación a proceso y la liberación de José Antonio Cortés Huerta, señalado por autoridades como integrante de una red de robo de hidrocarburos. La decisión se basó en irregularidades detectadas en los cateos y problemas con las pruebas presentadas, lo que no equivale a una declaración de inocencia, sino a que la acusación no pudo sostenerse legalmente.
Reforma también documentó casos de juzgadores que antes defendieron a personas acusadas de narcotráfico, ministros presentes en actos presidenciales y funcionarios judiciales con cargos partidistas. Aunque estos antecedentes abren preguntas sobre la apariencia de imparcialidad, cada caso requiere una revisión detallada de fechas, funciones y posibles procedimientos disciplinarios.
Riesgos de un “neocaciquismo” judicial
Diego Valadés, investigador emérito del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, advirtió que la permanencia de los jueces federales en la región donde fueron elegidos puede exponerlos a presiones políticas o criminales, convirtiéndolos en “rehenes del terror” de organizaciones delictivas. Un informe académico de la UNAM, publicado en abril de 2026, señala que esta condición podría facilitar la cooptación por grupos de poder político, económico o delincuencial, y que algunos gobernadores tuvieron influencia en la integración de órganos judiciales locales.
Valadés describió este fenómeno como una forma de “neocaciquismo”, donde gobernadores o estructuras regionales promueven candidaturas judiciales y luego tienen interés en las decisiones de los electos. Aunque la existencia de una relación política previa no demuestra que una sentencia haya sido negociada, sí genera una percepción de dependencia que debe aclararse mediante excusas o investigaciones disciplinarias.
Justicia más lenta y politizada
Paulina Creuheras, especialista de Integralia, consideró que el sistema actual es “mucho peor” que el anterior debido a problemas de preparación y velocidad para resolver expedientes. Según su evaluación, algunos secretarios de juzgado han adquirido mayor peso porque cuentan con más experiencia técnica que los titulares recién electos. Arturo Espinosa Silis, director de Laboratorio Electoral, sostuvo que el sistema está más politizado y que el objetivo parecía ser “tener control sobre ella”, en lugar de mejorar la justicia.
El informe de la UNAM concluye que la reforma no solucionó problemas estructurales como la corrupción, el nepotismo y las dificultades para acceder a los tribunales. Además, advierte que la elección popular, los mecanismos de selección y la influencia de los “acordeones” pueden poner en riesgo la independencia judicial.
