La gobernadora de Chihuahua, María Eugenia Campos Galván, manifestó su apoyo a la defensa de los derechos de Ernesto Ruffo, exgobernador de Baja California. El respaldo se dio tras su presencia el pasado jueves en Tijuana, donde acompañó a Ruffo y al Comité Plural en Defensa de los Derechos de Ernesto Ruffo.
Mediante sus redes sociales, la mandataria chihuahuense aclaró que su postura no busca intervenir en procesos judiciales, sino asegurar que se respeten las garantías individuales. La gobernadora puntualizó que su intención es vigilar que el Estado actúe conforme a la legalidad y no criminalice a los ciudadanos de forma injusta.
Postura de la gobernadora ante el proceso judicial
Al respecto, Campos Galván señaló:
«No me corresponde ser juez ni fiscal, no me corresponde pronunciarme sobre carpetas que no he leído. Lo que sí me corresponde es exigir que el Estado respete la presunción de inocencia, el debido proceso y el derecho de cualquier persona a defenderse con pleno apego a la ley. Un hombre de 74 años, con padecimientos que requieren atención médica permanente, que nunca intentó sustraerse de la justicia, fue llevado a un penal de máxima seguridad. Defender los derechos de Ernesto Ruffo es defender los derechos de todas y todos los mexicanos. Es defender el derecho a que el Estado nos trate como ciudadanos y nunca como enemigos»
Asimismo, la gobernadora subrayó que su intervención trasciende las diferencias partidistas o ideológicas, indicando:
«Estamos en un momento decisivo para la vida política de nuestro país, y debemos defender la patria y las libertades»
Antecedentes de la detención
Ernesto Ruffo fue arrestado el 16 de julio en la ciudad de Ensenada por agentes de la Fiscalía General de la República. Se le investiga por su presunta implicación en delitos de contrabando de combustible y delincuencia organizada, vinculándolo con la compañía Ingemar, de la cual es el principal accionista.
Desde que inició el proceso legal contra el exmandatario bajacaliforniano, figuras de la política nacional, incluyendo a los expresidentes Felipe Calderón y Vicente Fox, han expresado su apoyo a su situación jurídica.
