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Inhabilitan hasta por una década a 41 funcionarios públicos por irregularidades

La Secretaría de Anticorrupción y Buen Gobierno, encabezada por Raquel Buenrostro, aplicó sanciones a 41 servidores públicos que incluyen inhabilitaciones de hasta 10 años para ejercer en la administración pública. Estas medidas se ejecutaron con base en lo establecido por la Constitución y la Ley General de Responsabilidades Administrativas.

Las penalizaciones varían según la naturaleza de las infracciones detectadas. Para los casos de faltas no graves, las suspensiones oscilan entre los 15 días, 30 días y hasta un año de inhabilitación.

Alcance de las sanciones y dependencias involucradas

Dentro de los funcionarios castigados por faltas consideradas graves, se encuentran trabajadores de instituciones como la Comisión Federal de Electricidad, el Instituto Mexicano del Seguro Social, la Secretaría de Cultura, la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, el Servicio de Administración Tributaria, el Laboratorios de Biológicos y Reactivos de México, el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia, el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México y el Banco Nacional del Ejército, Fuerza Aérea y Armada.

Para este grupo, las consecuencias tras las investigaciones incluyen desde suspensiones de 30 días o tres meses, hasta la destitución total, la inhabilitación por una década y el pago de multas económicas.

Procedimientos y derecho de impugnación

Por otro lado, las sanciones por faltas no graves afectaron a personal de dependencias como la Guardia Nacional, la Procuraduría Federal del Consumidor, la Procuraduría Agraria, Aeropuertos y Servicios Auxiliares y la Financiera del Bienestar, entre otras.

La Secretaría de Anticorrupción y Buen Gobierno aclaró que las medidas se determinaron bajo criterios de gravedad y proporcionalidad. Asimismo, se precisó que el Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA) será el encargado de imponer sanciones por faltas graves, mientras que la actual Secretaría gestiona las no graves. Finalmente, se señaló que los funcionarios sancionados cuentan con el derecho de impugnar estas decisiones.

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