El gobierno de Estados Unidos aplicó este martes medidas de sanción contra Tomoko Akane, quien encabeza la Corte Penal Internacional (CPI), como parte de la estrategia de la administración de Donald Trump para desarticular dicho organismo. La medida, comunicada por la Oficina de Control de Activos (OFAC) del Departamento del Tesoro, también alcanza a Abdoulaye Seye, un abogado senegalés vinculado a la fiscalía de la corte.
La OFAC detalló que, aunque se permitirán transacciones limitadas para liquidar asuntos pendientes hasta el 17 de septiembre, se prohibirán operaciones con cualquier entidad donde los sancionados tengan una participación del 50 % o más, ya sea de forma directa o indirecta.
Motivos de la medida y postura de Washington
El objetivo de estas sanciones parece centrarse en las actividades de investigación de la fiscalía, específicamente en temas relacionados con el armamento de colonos y la financiación de asentamientos en Cisjordania, asuntos que Washington considera sensibles. Al respecto, el secretario de Estado, Marco Rubio, justificó la acción señalando que:
«La Administración Trump ha sido clara: la Corte Penal Internacional (CPI) es un tribunal supranacional corrupto y profundamente politizado que ha abusado maliciosamente de su autoridad y se ha extralimitado en su mandato. No toleraremos su ataque a la soberanía estatal»
Cabe recordar que Estados Unidos no reconoce la autoridad de la CPI para procesar a sus ciudadanos, debido a que nunca ratificó el Estatuto de Roma, postura que también respalda para el caso de Israel.
Reacción de la Corte Penal Internacional
Ante este escenario, la CPI emitió un comunicado desde La Haya advirtiendo que estas acciones representan un ataque al orden jurídico global. Según el tribunal, estas presiones contra jueces y fiscales tienen un impacto negativo en la justicia internacional.
«Cuando se amenaza a los actores judiciales por aplicar la ley, lo que se pone en riesgo es el propio orden jurídico internacional»
Pese a las sanciones, la institución aseguró que mantendrá su labor con total «independencia e imparcialidad», siguiendo los lineamientos del Estatuto de Roma.
Antecedentes de la confrontación
Esta decisión es parte de un proceso que se intensificó desde que Trump recuperó la presidencia. En febrero, el mandatario firmó una orden ejecutiva que tacha ciertas acciones de la CPI como una amenaza a la seguridad nacional, enfocándose principalmente en las investigaciones sobre el ejército estadounidense en Afganistán y las órdenes de detención contra funcionarios israelíes, como Benjamin Netanyahu y Yoav Gallant, por presuntos crímenes de guerra en Gaza.
