El coordinador de la bancada de Morena en la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal Ávila, rechazó tajantemente las acusaciones que lo señalan como protector de Alejandro Moreno Cárdenas, dirigente del PRI, quien enfrenta un proceso de investigación en Campeche. El legislador aseguró que no interviene en el proceso legal y que, si el desafuero del senador priista procede, se llevará a cabo sin contratiempos.
Monreal aclaró la situación respecto al trámite jurídico que busca retirar la inmunidad de Moreno Cárdenas. El funcionario explicó que la decisión final recae en las instancias correspondientes:
«No es así; yo no protejo a nadie. Si hay elementos, la Sección Instructora y, en este caso, la Subcomisión de Examen Previo, será la que determine»
si se debe avanzar con el desafuero. Además, señaló que ya existe un proyecto de dictamen en preparación, aunque su resolución depende de la configuración de la Subcomisión, la cual podría cambiar si su actual presidente, Hugo Eric Flores, asume la dirigencia de su nuevo partido, PAZ.
Reacción de la dirigencia priista
Ante estas declaraciones, Rubén Moreira respondió advirtiendo que el PRI defenderá a su líder ante cualquier intento de persecución política. El dirigente priista afirmó que la organización enfrentará los ataques en cualquier escenario, argumentando que las acciones en su contra responden a un hostigamiento contra la oposición.
El conflicto legal contra Alejandro Moreno Cárdenas se origina por presuntas irregularidades relacionadas con peculado, usurpación de funciones y uso indebido de atribuciones. La Fiscalía Anticorrupción de Campeche mantiene el proceso pendiente desde julio de 2025 para determinar la procedencia de la pérdida del fuero constitucional.
Controversia por gastos en el extranjero
La situación de Moreno Cárdenas también ha sido cuestionada por su actividad en Estados Unidos. Se ha señalado que el dirigente ha invertido aproximadamente 120 mil dólares en asesorías de imagen, protocolo y gestión de reuniones con políticos estadounidenses, lo que ha sido criticado como una muestra de desconexión con la realidad social de México en medio de los problemas legales que enfrenta su partido.
