La autoridad de protección de datos de Países Bajos sancionará a la empresa estadounidense Uber con 824.99 millones de euros, cifra que equivale a cerca de 963 millones de dólares, debido a la desactivación automatizada de cuentas de sus conductores sin el aviso correspondiente. La medida busca castigar la falta de información adecuada hacia los trabajadores de la plataforma al momento de suspender sus servicios.
El fallo, emitido el pasado lunes por la autoridad neerlandesa (AP), se fundamenta en el Reglamento General de Protección de Datos de la Unión Europea. Dicha normativa garantiza que cualquier individuo tiene el derecho a «no ser objeto de una decisión basada únicamente en el tratamiento automatizado».
Origen de la sanción y defensa de la empresa
Aunque el proceso se gestionó en Países Bajos debido a que la sede europea de Uber opera en Ámsterdam, el conflicto tuvo su origen en una queja presentada inicialmente en Francia. Los hechos que motivaron la investigación ocurrieron en territorio europeo durante el periodo comprendido entre los años 2020 y 2022.
Ante este escenario, la compañía de transporte respondió de manera tajante para defender su postura.
«Impugnamos firmemente esta decisión, así como el importe desproporcionado de la multa, y presentaremos un recurso»
, señaló Uber a la agencia AFP.
La empresa argumentó que la revisión de la autoridad se centró en procesos que ya fueron dejados atrás hace tiempo. Asimismo, la compañía sostuvo que busca que las resoluciones que afectan a sus conductores sean «justas» y «equitativas».
Finalmente, la plataforma detalló que sus protocolos actuales buscan que las decisiones de este tipo cuenten con la revisión de personal humano y ofrezcan mecanismos de apelación para los usuarios.
«Esto implica que dichas decisiones sean revisadas por personas, que vayan acompañadas de sólidas garantías y que los conductores tengan la posibilidad de recurrir si consideran que hemos cometido un error»
, puntualizó la organización.
