Un operativo conjunto entre el FBI y la Policía de Puerto Rico logró la detención de una red de narcotráfico en la zona oeste de la isla, resultando en la imputación de 81 individuos. La acción policial desmanteló la estructura de mando y las rutas de distribución de una de las organizaciones más peligrosas de la región.
El fiscal general de Estados Unidos, Todd Blanche, confirmó que parte de los arrestados pertenecen a la banda conocida como ‘Los Baja Deo’ o ‘LBD’. Según el funcionario, este grupo era responsable de suministrar sustancias letales que provocaban violencia y desorden en diversos complejos de viviendas sociales en Mayagüez y zonas aledañas.
Magnitud del tráfico y decomisos
Durante las diligencias, las autoridades lograron incautar 21 armas de fuego. Además, se revelaron cifras alarmantes sobre el volumen de sustancias que manejaba la organización para generar ganancias superiores a los 49 millones de dólares.
«Se estima que, durante el periodo en que se desarrolló la conspiración, esta organización de tráfico de drogas fue responsable de la distribución de al menos 340 kilogramos de fentanilo o estupefacientes adulterados con fentanilo, y de al menos dos mil 200 kilogramos de cocaína, entre otras drogas, lo que generó más de 49 millones de dólares en ingresos»
Blanche subrayó que este golpe busca enviar un mensaje a quienes mantienen en zozobra a las comunidades, señalando que los equipos de Seguridad Nacional trabajan para eliminar la presencia de carteles y bandas transnacionales en todo el país.
Compromiso de las autoridades y posibles penas
Héctor Ramírez-Carbó, quien funge como fiscal interino del Distrito de Puerto Rico, señaló que estas capturas forman parte de un esfuerzo por «erradicar las bandas violentas» y que la persecución contra quienes envenenan a la sociedad con drogas continuará de forma enérgica.
Por su parte, el jefe de la Policía de Puerto Rico, Joseph González, reiteró la disposición de trabajar junto al Grupo de Trabajo de Seguridad Nacional para desarmar a estas estructuras criminales. Debido a su posición geográfica, el archipiélago es utilizado frecuentemente como ruta de paso para el tráfico de estupefacientes desde Sudamérica hacia territorio estadounidense.
En cuanto a las consecuencias legales, los implicados podrían enfrentar castigos severos. Si se les condena por delitos de drogas, la pena mínima es de 10 años y la máxima de cadena perpetua. No obstante, si también se les declara culpables por delitos relacionados con las armas, la sentencia mínima sube a 15 años de cárcel, pudiendo llegar también a la cadena perpetua.
