La situación legal de Fernando Farías Laguna se resolverá este jueves, cuando una jueza de control determine si hay pruebas suficientes para vincularlo a proceso. Al excontraalmirante se le acusa de formar parte de una red de delincuencia organizada dedicada al «huachicol fiscal», mediante el contrabando de combustibles.
La resolución será emitida por la jueza Alejandra Ramírez de la Vega a las 08:00 horas, tras una audiencia que inició el miércoles y se prolongó por más de nueve horas en el Centro de Justicia Penal Federal de Almoloya de Juárez, en el Estado de México. Actualmente, Farías Laguna se encuentra en el penal de máxima seguridad del Altiplano bajo la medida de prisión preventiva oficiosa.
Defensa cuestiona pruebas de la Fiscalía
Durante las diligencias, la defensa del exmilitar presentó testimonios, peritajes y diversas investigaciones con el objetivo de refutar lo expuesto por la Fiscalía General de la República (FGR). Al concluir la jornada, el abogado Epigmenio Mendieta sostuvo que las evidencias presentadas no logran demostrar que su defendido sea un líder o integrante de una organización criminal.
Asimismo, los representantes legales informaron que el detenido ha sufrido problemas de hipertensión mientras está en prisión, señalando que esto se debe a una alimentación deficiente y a la falta de sus medicamentos.
Detalles de la acusación y antecedentes
La investigación de la FGR señala que Farías Laguna participaba en una estructura dedicada a la distribución e ingreso ilegal de hidrocarburos. El esquema consistía en utilizar clasificaciones erróneas para evitar el pago de impuestos. Este mismo caso involucra a su hermano, Manuel Roberto Farías Laguna, quien también está recluido.
El excontraalmirante fue capturado en Buenos Aires, Argentina, el pasado 23 de abril tras ser detectado con documentos falsos. Debido a que contaba con una ficha roja de Interpol, las autoridades argentinas ordenaron su expulsión, permitiendo que llegara a México la madrugada del 21 de agosto, antes de que se realizara su audiencia de extradición.
Baja militar y denuncias de inseguridad
En paralelo al proceso judicial, se confirmó que la Secretaría de Marina lo dio de baja del servicio activo desde el 16 de abril de 2026, lo que implicó la pérdida de su grado de contraalmirante y de todos sus derechos militares.
Por otro lado, Mónica Gámez Grijalva, esposa del acusado, reportó que fue perseguida por personas desconocidas en un vehículo en Hermosillo, Sonora. Ante este hecho, solicitó la intervención del gobernador de Sonora, Alfonso Durazo, para garantizar su protección.
