El Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) decidió retirar la medida que impedía a los servidores de la nación participar como observadores en las elecciones de 2027. Con esta resolución, el organismo electoral ya no cruzará las listas de aspirantes con los registros de trabajadores de programas sociales del Gobierno Federal, permitiendo que estos últimos solo tengan que declarar bajo protesta de decir verdad que no laboran en la Secretaría de Bienestar.
La modificación fue impulsada por la consejera Frida Gómez Puga, integrante del bloque de tres consejeros designados por legisladores de Morena. Esta propuesta permitió a la presidenta del INE, Guadalupe Taddei Zavala, mantener una mayoría de entre seis y siete consejeros alineados con el oficialismo dentro del Consejo General.
Reacciones y controversia política
La decisión generó fuertes críticas por parte de las fuerzas políticas de oposición. Emilio Álvarez Icaza, representante del partido Somos, cuestionó la postura del oficialismo al señalar que: «Pareciera que se hace tendencia que la representación de Morena sale a defender los acuerdos de este Consejo, tiempos extraños». Por el contrario, la medida contó con el respaldo de Guillermo Santiago Rodríguez, representante de Morena ante el organismo.
Antecedentes legales y debate interno
El cambio también desató una discusión entre los propios consejeros. Un grupo disidente de cuatro integrantes recordó que existe un mandato del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) emitido en 2022. Dicha orden instruía al INE a prevenir la participación de servidores públicos ligados a programas sociales, con énfasis en los servidores de la nación, para evitar cualquier tipo de injerencia en los procesos de votación.
