El vicepresidente de COPARMEX, Armando Zúñiga Salinas, advirtió que el Congreso de la Unión debe evaluar las consecuencias reales de las nuevas normativas sobre el sector empresarial antes de su aprobación. El líder empresarial subrayó que decisiones tomadas en el ámbito legislativo pueden traducirse en mayores costos, trámites excesivos y una reducción en la capacidad de inversión de las empresas, especialmente de las pequeñas y medianas.
Ante el inicio de un periodo legislativo clave, se prevé la discusión de temas críticos como el Paquete Económico, la Miscelánea Fiscal 2027, legislación laboral, inteligencia artificial, propiedad intelectual y reformas al sistema judicial. Zúñiga Salinas señaló que, aunque la actualización de las leyes es necesaria para adaptarse a los nuevos tiempos, es vital que se escuche a quienes deberán aplicar dichas disposiciones en la práctica.
Desafíos para la inversión en México
La preocupación de los empresarios se suma a un panorama de cautela económica. Según datos de DataCOPARMEX, la confianza para invertir en el país ha mostrado un retroceso significativo, con apenas un 23% de los empresarios que consideran que el momento actual es favorable para realizar inversiones, lo que representa una caída de 16.5 puntos porcentuales en comparación con el año previo.
El columnista enfatizó que la inversión es el motor de la actividad económica y la creación de empleos, pero que esta requiere de un elemento que no se puede imponer por mandato: la confianza. En este sentido, propuso que el Parlamento Abierto se utilice como un espacio de diálogo genuino entre legisladores, trabajadores y sociedad civil, en lugar de ser un simple trámite burocrático.
La responsabilidad del sector privado
Zúñiga Salinas también hizo un llamado a los propios empresarios para involucrarse activamente en la creación de leyes. Aseguró que el sector privado tiene la obligación de participar y proponer mejoras para no quedar fuera de la conversación que define el rumbo del país.
Finalmente, el directivo recordó que una legislación eficiente es aquella que soluciona problemas en lugar de generar nuevos obstáculos, advirtiendo que la falta de certeza jurídica tiene consecuencias directas en la contratación y el crecimiento económico de las familias mexicanas.
