Humberto Israel Barrón Alegre, conocido como «Beto Barrón», fue arrestado en Oaxaca tras operativos contra la Alianza de Sindicatos y Asociaciones del Estado de Oaxaca (ASAEO). El dirigente del Sindicato Cardenista figura como el representante legal de la Constructora Garuso, S.A. de C.V., firma que recibió más de 20 millones de pesos por parte del gobierno estatal para realizar obras en el sistema de residuos de la región.
La detención de Barrón ocurrió el pasado 8 de septiembre durante una serie de acciones coordinadas por las autoridades. Según la Fiscalía General del Estado de Oaxaca, en este despliegue se realizaron 12 cateos y se aseguraron siete propiedades, resultando en la captura de cuatro hombres presuntamente vinculados con actividades delictivas de la ASAEO.
Contratos en el sistema de residuos
Los registros oficiales vinculan a Barrón Alegre con la administración de Constructora Garuso, empresa que en mayo de 2025 obtuvo un contrato por 20,659,079.31 pesos. Dicho recurso fue destinado a la construcción de un acceso de concreto hidráulico para la celda de emergencia en San Pedro Totolápam, parte del Centro Integral de Revalorización de Residuos Sólidos Urbanos (CIRRSU).
Esta obra, que abarca un tramo de poco más de un kilómetro, reportó un avance financiero y físico del 100 por ciento al cierre de 2025. El proceso de selección fue una invitación restringida donde participaron otras dos compañías: Ingeniería, Construcciones y Arrendamientos de Antequera, y Caminos y Voladuras de Oaxaca.
Nuevos proyectos y vinculación legal
Además de la obra mencionada, la constructora representada por el detenido presentó una propuesta por más de 48 millones de pesos en diciembre de 2025 para un segundo proyecto relacionado con la planta de biofertilizantes del mismo centro de residuos. Según reportes financieros del organismo encargado de la gestión de basura, ese monto ya aparece como comprometido.
Aunque la documentación señala a la empresa como beneficiaria de estos contratos públicos, la Fiscalía informó que los detenidos fueron puestos a disposición del Ministerio Público. Por lo tanto, la situación jurídica de Barrón Alegre se definirá conforme al proceso legal y bajo el principio de presunción de inocencia, mientras se investigan los hechos de alto impacto que se le atribuyen.
